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El presidente Guillermo Lasso, en su discurso dirigido a la nación el pasado 24 de mayo, mencionó entre líneas la Política Pública de Rehabilitación Social 2021-2025 y la resaltó como una verdadera política orientada a la gestión integral del sistema carcelario en nuestro país. Sin embargo, no acotó nada nuevo frente al manejo de la crisis carcelaria que agrava la dinámica social ecuatoriana.
El gobierno actual desde su primer día encontró numerosos desafíos a raíz de la pandemia por COVID-19 y algunas situaciones “heredadas” no resueltas como es la situación carcelaria. Durante el año de gestión, se han registrado cinco masacres carcelarias con casi 400 internos asesinados en menos de 15 meses. Estos hechos acaecidos dieron lugar a una crisis carcelaria que contempla variables multidimensionales y complejas como: la vulneración de los derechos humanos, el hacinamiento, el déficit de guías penitenciarios, el aumento del crimen organizado, la falta de presupuesto, entre otras.
Actualmente la Política de Rehabilitación Social pretende garantizar los derechos de al menos 35 mil personas privadas de la libertad, a través de oportunidades de mejora en varios ejes transversales. Pero esto es solo la punta del iceberg. En el intento por mitigar la problemática desbordada, se han olvidado del factor de prevención en la población más vulnerable: niños, niñas y adolescentes. La exposición a la violencia, las condiciones de vida deplorables, la normalización de la cultura del sicariato, la deserción escolar y el ambiente social violento donde se desarrolla el niño/a o adolescente, forman parte de un conjunto de factores de riesgo que los empujan, desde muy temprana edad, a cometer actos punibles.
En nuestro país, desde el 2020 hasta el 2022, se han registrado al menos 8.458 delitos cometidos por menores infractores con una edad entre 8 y 18 años. Algunos de ellos pertenecen a bandas delictivas y, aunque reinciden en correccionales, no existe una justicia restaurativa ni un plan que contemple su rehabilitación integral. Si desde muy temprana edad la violencia es lo único que conocen, al llegar a la adultez seguirán bajo esta misma línea.
Entonces ¿por qué no apostar por medidas preventivas en menores? ¿Por qué no existe una política pública integral y completa para este grupo más vulnerable? Debe ser porque todavía no entramos en una “crisis” que demande atención de los medios, sin embargo, este fenómeno seguirá aumentando de forma insidiosa.