La visión más clara de democracia la propuso Abraham Lincoln cuando señaló que “la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. La máxima representatividad es cuando el pueblo elige y reelige libremente a sus gobernantes, sin manipulaciones, limitaciones o condicionantes. Las dictaduras y todas las formas de gobiernos hereditarios (monarquías, reinados, principados, sultanatos, etc.) carecen de legitimidad y representatividad democrática para gobernar, por no tener su origen en elecciones y porque periódicamente no son ratificados en sus funciones.
En el siglo XXI, los gobiernos dictatoriales o derivados de ellas y los hereditarios constituyen anacronismos. Los gobiernos gobernados por un rey o su equivalente no solamente son reliquias y símbolos, sino una forma de vida que hace gala de riqueza insultante para los pueblos, forman parte del grupo de personas más ricas del mundo y además de los grupos de poder mundial, como el Club de Bilderberg, donde anualmente se discute el futuro económico y político del planeta.
Merecen ser examinados los países gobernados por las fuerzas armadas y los derivados del ejercicio de su poder. Se encuentran incluidos los gobiernos patrocinados por dictaduras que derrocaron a gobiernos originados en elecciones y que luego los mismos dictadores son elegidos posteriormente como presidentes, encarcelando, asesinando o prohibiendo que participen en las nuevas elecciones a quienes arbitrariamente se les despojó de sus funciones.
El ejemplo reciente lo encontramos en Egipto, donde el mariscal Abdel Fattah al Sisi derrocó a Mohamed Mursi, al primer presidente elegido en 5.000 años. Se encarcela, sentencia a muerte a muchos de sus partidarios, convoca a las elecciones, prohíbe la participación de ciertos candidatos, gana las elecciones con el beneplácito y el respaldo de las potencias occidentales y la OTAN. El dictador Francisco Franco Bahamonde, que gobernó 39 años en España, se consideraba caudillo de España por la Gracia de Dios, nombró como su heredero al rey Juan Carlos, el mismo que abdicó hace pocos días después de 38 años. La dictadura de 17 años de Augusto Pinochet, que derrocó a Salvador Allende, el primer gobierno socialista que ganó elecciones democráticas en América Latina.
En la última dictadura ecuatoriana en 1978, los militares objetaron la candidatura de Asaad Bucaram, quien todos consideraban que iba a ganar las elecciones. En los casos mencionados y muchos más, desde el punto de vista democrático, es ilegítimo que las fuerzas armadas se conviertan en el árbitro, juez y ganador de los procesos políticos de muchos países de América Latina, África y Asia. Además, existen ‘democracias’ tuteladas por las fuerzas armadas, que en forma oculta maniatan a los gobiernos, con la complicidad de todos los protagonistas, por miedo y por las migajas que descienden de la complicidad de los beneficiarios. Una situación absurda se da en democracias tuteladas donde no existe la reelección ni la reelección indefinida, pero sí el tutelaje indefinido de las fuerzas armadas.
Los pueblos y sus dirigentes requieren cada día ser más conscientes de sus gobiernos y sus poderes ocultos. Hay que conocer las formas de gobierno reales y avanzar a nuevas etapas de democracias que aprovechen al máximo las cualidades de sus gobernantes.
