Para aquellos que se atoran hablando de democracia y sobredimensionan valores para ese fundamental concepto de la forma de gobierno que impera en una sociedad, vale recordar y afirmar que de todos los atributos que se le reconocen hay uno que es, sin discusión, el sustento irremplazable, impostergable, fundamental: la intervención del pueblo para que imponga su voluntad.
Por esa razón está de por medio la urna donde se deposita un voto secreto, obligatorio y universal, para que todos los ecuatorianos que vivan en cualquier lugar del mundo y los extranjeros residentes en nuestro suelo puedan decir su voluntad en solemne y seria ceremonia irreemplazable.
Que el pueblo lo diga: Nada ni nadie en la democracia puede sustituir la voluntad del pueblo que se expresa en esas urnas con esos votos.
Las demás virtudes y atributos que caracterizan a la democracia, que se las debe precautelar y que deben ser preservadas, no tienen la misma valoración que el respeto a la voluntad del pueblo que se expresa en las urnas, ya sea para designar a su gobernante o para tomar decisiones que modifican la estructura del estado.
Una de las características de la democracia es la llamada ‘alternancia’, como si esa posibilidad se eliminase o se obstruyera al aprobarse una enmienda que posibilite la reelección de un presidente, alcalde o prefecto sin límites de oportunidades y provocara esa omisión.
No es que el pueblo no pueda determinar la alternancia, pues si esa fuese su voluntad de procurar un cambio, a la hora de la elección la mayoría puede negar la continuidad y respaldar a quien representa la alternabilidad.
La oposición a Correa, que cada vez se atrofia mentalmente más, no puede seguir hablando de reelección eterna, pues en cada oportunidad es el pueblo el único con capacidad y autoridad para definir unas elecciones.
Mientras haya elecciones y el pueblo concurra a votar en las urnas, hay democracia, y la alternabilidad es una de las opciones que tiene ese pueblo para definir su destino.
Por eso se puede afirmar que la enmienda no cambia en absoluto la estructura del Estado sino que, más bien, amplía y garantiza los derechos del ciudadano Correa, que puede optar a la reelección y de los muchos ciudadanos que aspiran a que haya continuidad de un régimen que les satisface.
Si bien no se puede legislar con dedicatoria a favor de alguien, tampoco se puede hacerlo en contra de su derecho a optar una reelección, cuando ya el país cambió su mentalidad de aversión a las reelecciones: absurda restricción que existió en nuestra legislación como mecanismo para impedir que se siguieran sucediendo los velasquismos.
La amenaza de recoger firmas para una consulta no deja de ser una bravata desesperada ante la ausencia de argumentos y les toca abrir un proceso que falta saber quiénes tienen ganas para juntarse, quiénes aparecerán como líderes, quiénes redactaran la o las preguntas y quienes pondrán la cara para absorber el costo de un fracaso presumido o anunciado.