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En el anexo 3 del referendo constitucional y consulta popular celebrados el 4 de febrero de 2018, se ordena al Consejo Transitorio la evaluación del “desempeño de las autoridades designadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cesado”. Entonces, ¿qué es lo que cesó la voluntad popular?
La estatización de la participación en Ecuador tiene dos momentos: un primer momento, desde que fue instituida a partir de la expedición y vigencia de la Constitución de 2008 refrendada por el voto popular; y un segundo momento, desde que se produce un tránsito entre un sistema corporativo de composición a un sistema electivo de integración, también refrendado por el voto popular.
Cuando se preguntó en la consulta y referendo sobre enmendar la Constitución para “reestructurar” el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para “dar por terminado el período constitucional de sus actuales miembros” y para “evaluar el desempeño de las autoridades”, según el anexo 3, se estaba estableciendo una forma de conformación, funcionamiento, límites y duración de la transición, a través de un Consejo de excepción. Entonces, se produce un momento de ruptura en el proceso de la estatización de la participación, pues la transición serviría para evaluar a todo el ciclo cesado, desde su fundación.
Ninguna institución se resume en las personas que le dan vida, ni en la rotación de miembros. Una institución son sus procedimientos, actuaciones y consecuencias en sentido atemporal.
Esto significa que el Consejo de transición, por mandato constitucional, puede y debe evaluar a todas las autoridades nombradas durante todo el primer ciclo de estatización de la participación y eso incluye a cada autoridad escogida, en cada período de funcionamiento de los Consejos anteriores a la transición. (O)