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No todo lo anterior es malo. Estudios recientes reconocen el aumento en las inversiones en la educación, que se acerca a la norma constitucional (1.5 del PB); la ampliación de cobertura (96%); la calidad relativa (según pruebas Ineval, Llece y Pisa), que confieren al país avances, pero también deficiencias en Matemática, Lenguaje y Ciencias.
Esta realidad deja propósitos pendientes que se deberían abordar en los próximos dos años del gobierno de Lenín Moreno.
Primero: empoderar a la sociedad frente a la reforma integral del sistema educativo, con una política de “urgencia del largo plazo”, centrada en las necesidades de los estudiantes y la intervención permanente de los sectores público, privado y sociedad civil. Esto implicaría la organización urgente de un “Think Tank” (tanque de pensamiento), que permita un acuerdo para la acción.
Segundo: la generación de un proyecto nacional de autonomía escolar, para que el Estado y los ciudadanos participen en la generación de proyectos educativos, por la calidad de los aprendizajes con un alto nivel de innovación.
Tercero: potenciar el programa nacional de formación inicial y continua de los profesores -con la intervención de todas las universidades, la UNAE y los institutos pedagógicos-.
Cuarto: buscar alianzas para integrar, de manera práctica, la educación, las tecnologías, las bibliotecas, el empleo, la salud, la nutrición y la interculturalidad.
Y quinto: conectar a toda la población escolar a un proyecto de educación digital y plataforma informática, con tecnologías de información y comunicación.
El Consejo Nacional de Educación (CNE), de conformidad con la Constitución y Ley Orgánica de Educación vigentes, debe ser convocado; incorporar a los gobiernos locales en programas de educación turística y convocar a todos los maestros, maestras y padres de familia, a una movilización nacional para trabajar en el mundo de los derechos humanos, el ambiente, la asertividad, la ética civil y el pensamiento crítico. (O)