El debido proceso no es asunto de interés solo para abogados. Es un principio y un derecho constitucional y humano de gran importancia para todos los ciudadanos y sus organizaciones. Es mediante el debido proceso que podemos acudir y reclamar ante los jueces por eventuales violaciones a cualquiera de nuestros derechos.
El debido proceso incluye a su vez subprincipios y derechos tan importantes como la posibilidad de acudir ante un juez, el derecho a la defensa, el ser juzgado con razonable celeridad, la presunción de inocencia o el de que no se sacrifique la justicia por meras formalidades.
Dos situaciones extremas atacan al debido proceso. Una es justamente el extremo formalismo jurídico. Esta situación surge de un culto a formalidades secundarias cuya inobservancia no afecta realmente a la justicia.
La otra situación extrema es la inobservancia de aspectos fundamentales del debido proceso que conllevan la violación del derecho constitucional y humano a un juicio justo. Este derecho se establece en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y se regula constitucionalmente en los derechos de protección de nuestra carta fundamental.
El linchamiento ocurrido este 16 de octubre en Posorja es una violación intolerable al debido proceso penal. Un Estado de derecho no puede jamás permitir este tipo de actos que hacen tabla rasa del debido proceso y del Estado de derecho, mostrando desprecio hacia la vida humana. Nadie justifica la impunidad ni la pasividad frente a la delincuencia. Lo que jamás se puede admitir es que para combatirla se acuda a la comisión de un delito tan grave como el linchamiento.
Cuando quienes pretenden defender a las víctimas de un delito acuden al linchamiento, actúan igual o peor que los victimarios y devienen ellos mismos en delincuentes. Se abre así el camino hacia una sangrienta e infinita espiral de violencia. En realidad, quienes acuden al linchamiento ponen en gravísimo riesgo a todos los ciudadanos. (O)
