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El sensacionalismo es la inclinación desafiante del “periodismo independiente” por exagerar o tergiversar los acontecimientos con la malsana intención de desorientar a la ciudadanía, dentro de su campaña de oposición al régimen, de alianza con la derecha política. Se entiende que noticia es la difusión objetiva, transparente y equilibrada de un suceso verdadero con sustento de fuentes confiables.
Conspirar es azuzar y promover acciones de violencia con el pretexto de formular reclamos. No se trata de un “tsunami” o renuncias forzadas, sino la aplicación del Art. 81 de la Ley Orgánica del Sector Público, que establece la jubilación obligatoria a los servidores y servidoras de 70 años y voluntaria a partir de los 65, que de ninguna manera significa despido intempestivo, sino una invitación al empleado a un merecido descanso vacacional, a sus agotados años de trabajo. Y hay otros casos, despidos por incompetentes y maltrato al público.
En la era republicana, el gobierno de la Revolución Ciudadana es el único que se ha preocupado por una jubilación decorosa del profesor, médico, otros profesionales y del empleado en general. En épocas pasadas, el servidor del Estado para acogerse a su retiro, padecía uno o dos y hasta tres años de espera para el trámite de sus documentos en el IESS y su irrisoria pensión jubilar. Hoy se ha incrementado su pensión y creado un incentivo de hasta $39.600 para los empleados que se acojan al retiro obligatorio y voluntario.
Los medios “independientes” se olvidan de sus despidos que suelen aplicar por vejez o el consabido ajuste de personal. Respecto al tema guardan silencio o simplemente exhiben la antigüedad de un periodista de la tercera edad, que aún lo mantienen por su docilidad y mísero sometimiento.
Este régimen del buen vivir ofrece apertura a la jubilación honrosa como homenaje a los años de servicio, la instauración de una excelente administración sin empleados carentes de disciplina y ética; adicionalmente, la oportunidad para el ingreso de las nuevas generaciones capacitadas y ávidas para contribuir con el desarrollo del país.
El Gobierno ha dicho: “La reestructuración del aparato estatal tiene como objetivo mejorar la atención a los ciudadanos, se ampara en el decreto 813 que tiene como base la Ley Orgánica del Servicio Público”. La cesación obedece a denuncias comprobadas. Como respuesta al escándalo, Rafael Correa apunta: “Siempre es doloroso tratar sobre los puestos de trabajo, pero yo tengo que velar por el bien común”.