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Se presentó hace unas semanas el Informe para segundo debate en la Asamblea Nacional del Proyecto de ‘Ley Orgánica que regula a las compañías que financien servicios de atención integral de salud prepagada y a las de seguros que oferten cobertura de seguros de asistencia médica’. Sin duda es fundamental una ley que permita, entre otras cosas, regular, vigilar y controlar la prestación de este tipo de servicios de salud.
Casi un millón de ecuatorianos han contratado estos servicios, y bien se conocen las peripecias que se tiene que pasar en las clínicas, sea con el personal administrativo o el médico, sea en la atención ambulatoria o de emergencia. En la medicina prepagada, se paga por adelantado y si se ocupa el servicio, resulta que se tiene que volver a pagar, por ejemplo; o que los contratos se modifiquen sin pleno conocimiento de los clientes; incluso es discrecional la cobertura según las ‘preexistencias’, la edad, etc.
Que no quede duda de que es un gran negocio, lo cual no debe ser un problema, si se tiene como centro el cuidado, el bienestar de los clientes, y no solamente las ganancias.
Pero entre lo uno y lo otro hay confusión ya en el día a día de la operación de este tipo de servicios. Por principio debe primar lo que manda la Constitución: privilegiar el derecho a la vida, antes que el objetivo mercantil. No debe permitirse ninguna forma de discrimen o estigmatización; la atención debe ser integral. Que las compañías que financien servicios de atención de salud prepagada y de seguros estén reguladas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
Que la Autoridad Sanitaria Nacional, regule y controle la oportunidad, eficiencia y calidad de las prestaciones sanitarias ofertadas. Prohibir toda clase de exclusiones, entre otros, por estado de salud, portar VIH, discapacidad, condición socioeconómica, es decir, no será criterio para rechazar la cobertura, suscripción o renovación de contratos. El precio fijado será con base en los estudios, notas técnicas, aprobados por la Autoridad Sanitaria Nacional.
Prohibición de incrementos en los precios de manera unilateral. O incrementos adicionales por aparecimiento de enfermedades crónicas o catastróficas. Ya era hora un proyecto de ley que regule a este sector. No hay duda alguna que el servicio debe mejorar sustancialmente, que no es aceptable ninguna forma de maltrato a los clientes peor aún cuando la salud de las personas está en peligro. No es aceptable la mercantilización de la salud.
Que el servicio funcione, casi, exclusivamente para aumentar las ganancias, aumentar los clientes y reducir la calidad, reducir los costos de operación, que afectan directamente a los usuarios. Los servicios de emergencia deben ser examinados, auditados, de manera permanente.
Que los clientes estén amparados por la Ley del Consumidor. Que se haga un seguimiento, real, verdadero de las quejas presentadas, y que se demuestre la implementación de los correctivos. Pero sobre todo que el personal médico cumpla con responsabilidad, con ética, sus objetivos profesionales. Lo que está en juego siempre, no son las ganancias, sino la vida de los pacientes. (O)