La CIDH y la Corte IDH son organismos que han trabajado incansablemente por los derechos humanos en nuestra América. El argumento de que actúan como “una extensión del imperialismo norteamericano” es, además de falso, pobre. El imperio rechaza en cada audiencia la competencia de la CIDH y utiliza el sistema para entrenar a sus abogados y foguearlos, y aún pese a ello, sigue siendo condenado por sus violaciones recurrentes a los derechos humanos.
La Comisión y la Corte, a través de los mecanismos puestos al alcance de las víctimas, muchas veces de forma más efectiva que los mecanismos nacionales, han permitido la protección de derechos y han contribuido a los procesos de reconocimiento, promoción y vigencia de los derechos humanos en el continente.
Es pertinente cuestionar al sistema -como estrategia para garantizar su subsistencia- pero no para descalificar los alcances logrados y menos aún para dejar en desamparo a quienes sí creen en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Irónicamente son los Estados, y no las víctimas, los descontentos. Los mismos Estados a quienes ha debido mendigárseles apoyo y que hoy se sienten dueños de un sistema al que reducen a tentáculo del imperialismo.
Muchos países, algunos políticamente afines y otros no, hoy critican el sistema sin el menor reparo de pensar en que, tal vez, la supuesta deficiencia que acusan puede responder al desamparo al que han sometido -especialmente- a la Comisión. Les incomoda que el sistema funcione, pese a su poco presupuesto. No es rentable para los gobiernos actuales un sistema que opere efectivamente como contralor de las violaciones a los derechos humanos fundamentales.
Ahora, si el asunto aquí está vinculado a la desmemoria, me permito recordar algunos hechos históricos que han podido llevarse a cabo gracias a la vigencia del SIDH: Las condenas alcanzadas en el caso Tibi y el caso Chaparro-Lapo en Ecuador, la importancia de la atención al proceso de desmovilización en Colombia, el caso del diario militar en Guatemala, la visita de la CIDH a Argentina en plena dictadura militar, la lucha contra la impunidad del Perú de Fujimori, el amparo concedido a los pueblos indígenas, el caso Sarayacu en Ecuador, la preocupación expresamente manifestada por las servidumbres en el Chaco, la protección promovida a favor de los privados de libertad y, por último, pero no menos importante, los avances importantísimos en materia de igualdad de género, no discriminación y respaldo a los derechos de la mujer.
Lo idóneo es que los cambios en el SIDH respondan a planteamientos debatidos e inclusivos. Si bien el Estado representa a sus sociedades y comunidades, sabemos que en la práctica sus pretensiones responden a los intereses del partido de turno y no a los requerimientos de su realidad nacional ni a los proyectos planteados por activistas, defensores, ONG, estadísticas, etc.
Es urgente que quienes conocen el Sistema Interamericano de Derechos Humanos lo defiendan. En esto, todos somos víctimas, incluso aquellos que aún no nacen.