Hacia 1970 Ecuador contaba con una legislación laboral garantista, conquistada desde la Revolución Juliana (1925). Ese año también nació el IESS, con afiliación obligatoria de los trabajadores, aportes de los patronos y del Estado que, además, cubría el 40% de las pensiones. Estaban afiliadas unas 300 mil personas de una población nacional de 6 millones de habitantes (5%). Pero era frecuente la evasión de afiliaciones, e incluso la retención de aportes descontados a los trabajadores, que patronos corruptos no transfirieron al IESS.
Entonces se instauraron dos dictaduras militares: la ‘Nacionalista y Revolucionaria’ (1972/76) vivió un auge petrolero inédito, que consolidó el ‘desarrollismo’ y modernizó aceleradamente al país, aunque el triunvirato sucesor (1976/79) abandonó el nacionalismo petrolero. Las dictaduras aprobaron varios decretos antiobreros, y en 1977 fueron masacrados varios zafreros del ingenio Aztra.
Paradójicamente, con los recursos del ‘petrolerismo’ se benefició la seguridad social: se construyeron los más grandes hospitales, dispensarios y centros de salud del Estado, dotados con equipos avanzados, camas, medicinas y médicos; el IESS daba préstamos quirografarios e hipotecarios (1 millón de sucres) que aprovecharon miles de afiliados; se cubrían pensiones jubilares y las de invalidez o mortuoria. Al IESS acudían incluso sectores pudientes, que preferían esa atención pública frente a la privada.
Todo cambió con el inicio de los gobiernos constitucionales. Aunque todavía Jaime Roldós (1979/81) y Osvaldo Hurtado (1981/84) confiaron en el papel regulador del Estado y obraron con principios sociales reformistas, desde León Febres-Cordero (1984/88), que instauró un gobierno de empresarios, los derechos laborales y la seguridad social comenzaron a debilitarse, porque fueron valorados los negocios privados, el uso de fondos públicos al servicio del sector empresarial y la flexibilidad de los derechos laborales.
El continuador de esas políticas fue Sixto Durán-Ballén (1992/96), quien asumió la ‘modernización’ del Estado bajo el modelo neoliberal (floreciente en toda Latinoamérica), para impulsar la definitiva privatización de empresas y servicios públicos, confiando en las ‘bondades’ del mercado libre y los negocios privados.
Al mismo tiempo que se procuró flexibilizar el trabajo, se tomó el ejemplo de las AFP (administradoras de fondos de pensiones) de Chile y Argentina para copiarlas en Ecuador. Durán-Ballén convocó a consulta popular (1995), incluyendo una pregunta para privatizar la seguridad social, a la que felizmente la población ecuatoriana dijo No.
Sin embargo, las presiones privatizadoras y flexibilizadoras continuaron en los gobiernos sucesores: el IESS y la seguridad social pública fueron deteriorados, crecieron medicina y seguros privados, la nueva Constitución de 1998 consagró el modelo económico neoliberal y especialmente los gobiernos de Gustavo Noboa (2000/03) y Lucio Gutiérrez (2003/05) flexibilizaron el trabajo, bajo los criterios de las cámaras de la producción. (O)
