Las víctimas de los atropellos del poder son los desarmados, los ciudadanos de a pie, los más inocentes. Era 1988, y los hermanos Santiago y Andrés Restrepo Arismendi, menores de edad, desaparecieron. Sin duda, el papel de los defensores de derechos humanos fue clave, como lo fue el de la prensa, que ayudó a denunciar ante la opinión pública el hecho: un crimen de Estado durante el gobierno de León Febres-Cordero.
Las mayores víctimas, sobre todo en países pobres, suelen ser los más indefensos: niños, mujeres, ancianos, discapacitados. Corría el año 2003 y una denuncia documentada del capitalino El Comercio dio cuenta de la violación que sufrieron en Galápagos decenas de niñas y niños, por parte de una prestigiada pareja que manejaba una academia. Ninguna institución se la jugó tanto como los periodistas, y su trabajo dio lugar a las acciones legales correspondientes.
En ese mismo año, un asalto a la farmacia Fybeca, ubicada en el norte de Guayaquil, dio lugar a abusos policiales, cuyo resultado final fue la muerte y desaparición de varios hombres inocentes. Martín Herrera, fotógrafo de El Universo, captó el momento en el que el policía Erick Salinas se llevaba detenido a Jhonny Gómez, quien podría haber sido ejecutado extrajudicialmente. La imagen fue un testimonio clave, y otro periodista, Dimitri Barreto, de El Comercio volvió a jugarse el todo por el todo en la investigación.
Quince años después, la violencia ha adquirido nuevos rostros. Se suma la del narcotráfico, la guerrilla, los ejércitos irregulares. La provincia de Esmeraldas, que comparte frontera con Colombia, ha sido fuertemente afectada por la presencia de hombres armados en su jurisdicción, protagonistas de actos de terror. Periodistas de El Comercio, que se trasladaron a cubrir la vida cotidiana de la gente de Mataje, fueron secuestrados hace pocos días durante su trabajo periodístico. Paúl Rivas, fotógrafo, entre ellos.
Los ciudadanos le debemos mucho al periodismo de investigación, que se la juega por dar voz a los que no la tienen y por mostrar lo que los poderosos de turno y los corruptos no quieren que veamos. El Estado debe brindarles protección y garantía para que hagan su trabajo, clave para la vida y la democracia. (O)
