¿Quién no sabe que en el Art. 1 de la Declaración de los Derechos Humanos se lee: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”; y que en todas las citas o cónclaves internacionales se proclama, y hasta con exageración, que la libertad de expresión es un derecho de todos los hombres y mujeres?; pero ocultan que ese manoseado derecho rige como un privilegio de los propietarios de los medios impresos, radio y televisión para informar lo que les conviene y diseñar una opinión pública de acuerdo con sus intereses, de la derecha política y en apoyo a los grupos de poder partidista y económico.
Con rabia, los empresarios, cuando presienten el debilitamiento de su poder mediático, movilizan a los organismos y gremios títeres, para provocar el escándalo y la protesta pública con el pretexto de defender la libertad de expresión, e incluso, promueven la insurrección alentando a los golpistas que no cesan en sus estrategias malsanas para intentar lesionar el liderazgo de Rafael Correa y frenar el proceso de la Revolución Ciudadana.
Da pena contemplar a cierta columnista, que aparenta mantener una posición altiva, cómo tuerce el sentido de la crítica para afirmar que en el país se va perdiendo el derecho a pensar distinto y que estamos ante una escalada de violencia, a propósito de un mal momento que vivió una dirigente indígena al forcejear con desconocidos, supuestamente rivales. Sin tardanza y sin análisis, ya encontraron a un culpable: persecución política del Gobierno por pensar distinto. Sarcasmo, se narra tal suceso, con amplitud, entrevistas y señalando imaginarios agresores y aun así se sostiene que no hay libertad de expresión en Ecuador.
Se armó otro escándalo en el caso Fundamedios; no ha habido marcha atrás, simplemente la Secom resolvió archivar el procedimiento administrativo de disolución iniciada a ese organismo, bajo una última advertencia para que respete su propio estatuto y la prohibición de ejercer asuntos de índole político. El privilegio de expresar lo que le conviene no libra al infractor a someterse a las leyes cuando incurre en cualquier clase de delito.
Por allí un comentarista satírico, pretendiendo influir con sus ocurrencias, insiste en sus agresiones al Primer Mandatario, pero selecciona vocablos para ocultar sus protervas intenciones y evitar un posible enjuiciamiento penal. No hay persecución por pensar distinto, sino la vigencia de una Ley de Medios que garantiza un periodismo serio y obliga a los comunicadores, en su tarea profesional, a respetar normas de conducta y asumir con entereza su responsabilidad social.
Los medios ‘independientes’, tras una tregua, seguramente por el periplo del papa Francisco, hoy vuelven a sus andanzas, alineados en la oposición política; se dedican a ofrecer -gratuitamente- extensos espacios a los derechistas reaccionarios con la consigna de perturbar el proceso revolucionario de Alianza PAIS y el crecimiento continental del liderazgo de Rafael Correa. Nadie niega a la prensa ‘libre’, empleados y colaboradores a tomar posición partidista, y a ejercer su derecho a la crítica, pero cuando se incurre en la calumnia y la ofensa merece no solo el desprecio ciudadano, sino el llamado a rendir cuentas a la justicia. Es que ahora funcionan normas que garantizan responsabilidad en el ejercicio profesional del periodista. (O)