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El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, dictó una charla muy interesante en un almuerzo informal a un grupo de amigos e invitados de un club de la ciudad. Coherente con el momento político, recalcó que “no son los políticos los que hacen que la gente salga a las calles a protestar... es el pueblo que conoce su realidad que sale a las calles cuando quiere hacerlo…”. Es tal vez una gran verdad o una prueba de humildad de este muy hábil político ecuatoriano, que ya está más de 16 años como burgomaestre de la ciudad más grande del país. Lo cierto es que algunos muy pocos políticos en la historia ecuatoriana han tenido (y él es uno de ellos) el poder de convocatoria para lanzar al pueblo a las calles. Pero también es cierto que él no lo ha hecho realmente en los más de nueve años del gobierno del presidente Correa. En otra parte de su conversatorio aseguró que, pese a lo que dice el Gobierno, Guayaquil es la ciudad con más equidad del país, con el más bajo índice Gini que a nivel nacional es de 0,465.
Entonces debemos preguntarnos: ¿Para quién mismo gobiernan los políticos? En su informe ‘Perspectivas de la Agenda Mundial 2014’, el Foro Económico Mundial presentaba el aumento de la desigualdad como la segunda mayor amenaza mundial para los siguientes 12 a 18 meses, que ya los estamos viviendo ahora. Es así como la desigualdad afecta la estabilidad social en los países y es una amenaza para la seguridad en el ámbito mundial. Un cierto grado de desigualdad económica es necesario para estimular el progreso y el crecimiento y así recompensar a las personas con talento que se han esforzado por desarrollar sus habilidades y que tienen la ambición necesaria para innovar y asumir riesgos empresariales.
Mas, sucede que la extrema concentración de la riqueza que tenemos en la actualidad impide que millones de ciudadanos puedan materializar los frutos de su talento y esfuerzo. Y es perjudicial y preocupante, pues no solo que es moralmente cuestionable, sino que repercute negativamente en el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, aparte de que multiplica los problemas sociales. Por otra parte, agrava otro tipo de desigualdades, como son las de sexo y género, y de hecho, influye directamente en los efectos malignos que contrae la falta de equidad en la representación política, pues la riqueza se apropia de la elaboración de las políticas gubernamentales, secuestrándolas para su beneficio a costa de todos los demás. Esto erosiona la gobernanza democrática, destruye la cohesión social y disipa la igualdad de oportunidades.
En Ecuador se necesitaba adoptar unas muy valientes decisiones de gobierno para poner freno a la influencia de la riqueza en la política. Esa fue la propuesta de la Revolución Ciudadana, lo cual es más fácil decirlo que hacerlo, por lo cual parecería que los gobiernos futuros (especialmente si son de oposición) estarían condenados a trabajar en favor de los intereses de los ricos, con lo cual las desigualdades políticas y económicas seguirán aumentando. Ya lo dijo Louis Brandeis, miembro del Tribunal Supremo de Estados Unidos: “Podemos tener democracia o podemos tener riqueza concentrada en pocas manos, pero no podemos tener ambas”.
Si esta desigualdad no se controla, dará lugar a un monopolio de oportunidades por parte de la gente pudiente, que reclamará los tipos impositivos más bajos, la mejor educación, la mejor atención sanitaria, creando un círculo vicioso de privilegios que pasarían de generación en generación. (O)