Occidental Petroleum Corporation (Oxy) es una compañía norteamericana de exploración y producción de gas y petróleo con base en Houston y operaciones en Estados Unidos, Medio Oriente y Sudamérica. Se la conoce como Oxy desde 1964 debido a su tiquete accionario en el NYSE (New York Stock and Exchange).
Es uno de las más grandes productores de Texas con 40.000 empleados, una capitalización de mercado de 62.000, ingresos de 19.300 y rentabilidad antes de impuestos de 12.240 millones de dólares, tiene un discurso que apela a un alto compromiso de respeto al medio ambiente, operar con seguridad y mantener altos estándares de responsabilidad social, pero precisamente su notorio incumplimiento ha sido el motivo por el cual ha recibido fuertes críticas a través de su historia.
En 2005, varias organizaciones y movimientos sociales ecuatorianos se movilizaron mediante la llamada Asamblea Biprovincial sobre los problemas de la Oxy en las provincias de Napo, Orellana y Sucumbíos que fue fuertemente reprimida, pero tuvo éxito en llevar este tema al debate nacional. Su denuncia se basaba en la transferencia ilegal de los derechos de la Oxy a una empresa canadiense sin la autorización de las autoridades gubernamentales de Ecuador. Esa era la base legal suficiente y necesaria; sin embargo, había reclamos sobre rupturas de las normas ambientales e impacto social negativo, así como demandas sobre participación de utilidades no distribuidas en dichas provincias, que son de las más pobres del país. En ese tiempo, el candidato presidencial Rafael Correa acogió estas propuestas dentro de su campaña.
La cancelación del contrato de la Oxy y la transferencia de sus operaciones de producción a la empresa pública Petroamazonas en 2006 es un hito que marca el mayor cambio en la política petrolera del país. Desde ahí en adelante la participación del Estado en los recursos hidrocarburíferos ha crecido y el país participa en mayor proporción.
El reciente laudo arbitral del Ciadi que nos ordena pagar 1.061 millones de compensación a la Oxy que reduce 68,5% de los 3.370 millones pedidos originalmente, luce como una victoria legal para Ecuador, sin embargo ha levantado nuevamente las críticas de si el Estado ecuatoriano realizó una pobre defensa y ha tenido un doble discurso para zanjar esta exorbitante demanda al país. Parecería que la estrategia legal ecuatoriana ha sido inconsistente e incoherente. Y que el Gobierno ha hablado con los dos lados de la boca de forma irresponsable y en secreto. Desde el comienzo, se piensa que la correcta posición debió ser rechazar el arbitraje internacional, que fue lo que hizo el recién electo presidente Rafael Correa en 2006, declarando que era una traición reconocer cualquier arbitraje internacional y que Ecuador no lo aceptaba.
Pero luego, en 2007, la ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa, establecía que el proceso del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), que es un organismo del Banco Mundial, era legítimo y que Ecuador debía aceptarlo. Y el Procurador General en 2008 decía que el Estado estaba dispuesto a pagar una compensación a la Oxy si la Ciadi así lo determinaba.
Pero hay otras 16 demandas pendientes que suman 6.673 millones de dólares, por lo cual esta sentencia del Ciadi crearía un importante precedente que amenaza la soberanía del Estado ecuatoriano y sus leyes. (O)
