Luego de fracasado en 2014 el intento ‘guarimbero’ de derrocar al gobierno democrático de Nicolás Maduro, los opositores se han dedicado a la llamada ‘guerra económica’. Esta guerra tiene dos frentes: en lo externo, el descenso de los precios de petróleo tiene como objetivo geopolítico debilitar a los países que no se someten a las órdenes del imperio decadente.
En lo interno, varias cadenas de comercialización privadas están escondiendo productos para generar escasez programada; no distribuyen pañales, productos lácteos, artículos para aseo, artículos de la canasta básica, entre otros. El Gobierno ha descubierto varios locales repletos de productos -¡vaya coincidencia!- que no aparecen en los mercados. Las colas, la espera, cansan a los ciudadanos; algunos empiezan a tener la percepción de que el Gobierno ‘no funciona’. Es lo que quieren crear los opositores, con la complicidad de las élites y de los medios de comunicación privados. En Venezuela, la Revolución Bolivariana ha hecho un buen trabajo político al interior de las Fuerzas Armadas, que respaldan al proceso transformador. Por esta razón, el esfuerzo desestabilizador no va por el camino de los cuarteles.
Desde el inicio del gobierno del presidente Correa, Washington veía con preocupación el acercamiento de Ecuador a Venezuela, Cuba y Bolivia; del descontento pasó a la irritación cuando la Revolución Ciudadana -en forma altiva y soberana- decidió ingresar a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba). La popularidad y el éxito político del presidente Rafael Correa luego de la ratificación popular de la nueva Constitución y su posterior reelección incomodaron aún más al Gobierno estadounidense.
En 2010, el Departamento de Estado incrementó el presupuesto a más de 38 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 6 millones fueron invertidos en el trabajo de ‘descentralización’ en el país, cuyo real objetivo era la desintegración del Gobierno Central. Además, a través de varias organizaciones políticas y algunas ONG promovían los tratados de libre comercio, la globalización y, en general, la agenda que le interesaba a Washington. Para 2012, la Usaid canalizaba un total de 23 millones de dólares a grupos y programas dedicados a temas como gobernabilidad y desarrollo. El gobierno del presidente Rafael Correa -con valentía- le dijo a la Usaid ‘good bye’ el 30 de septiembre de 2014.
En los últimos días, han circulado algunas opiniones de militares en servicio pasivo en el sentido de que las FF. AA. se han “convertido en un apéndice de la Policía”; de que el presidente Correa “no les da la debida importancia”. Se trata, a todas luces, de una nueva campaña de desinformación. Todas las instituciones del Estado son útiles, necesarias y deben cumplir con sus roles específicos que están determinados en la Constitución y las leyes.
El artículo 159 de la Ley Mayor, dispone: “Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional serán obedientes y no deliberantes, y cumplirán su misión con estricta sujeción al poder civil y a la Constitución. Las autoridades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional serán responsables por las órdenes que impartan. La obediencia a las órdenes superiores no eximirá de responsabilidad a quienes las ejecuten”.
El estricto cumplimiento de esta disposición silenciará el ruido de sables que sectores conservadores se encargan de amplificarlos.