El Gobierno ha llegado a la mitad de su mandato, un tiempo suficiente para resaltar sus logros y puntualizar las tareas que aún están pendientes.
Las acciones desarrolladas en materia política siguen siendo un punto destacable en este período. Entre ellas, el desplazamiento del correísmo de las principales instancias del Estado, como son la Fiscalía, Contraloría, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Constitucional, Consejo de la Judicatura, superintendencias y Asamblea. Aún queda trabajo por hacer en las cortes de justicia.
Un aspecto clave en esa línea es la lucha contra la corrupción. Un exvicepresidente preso, varios exministros en igual situación y altas figuras prófugas muestran un mapa distinto a la complicidad en la administración anterior. La reconfiguración de la Asamblea es otra muestra de este momento. Fuerzas como AP, BIN, CREO y PSC copan el panorama y tienen grandes reformas por emprender para apuntalar el cambio. Esta entidad será el escenario que completará el mapa de los cambios económicos que requiere el país.
La aprobación de reformas laborales y tributarias que permitan darle mayor énfasis a los nuevos créditos es vital; la relación entre Ejecutivo-Legislativo será crucial. En ese sentido, la habilidad política del régimen será determinante para el funcionamiento de un acuerdo nacional verdadero y sostenible.
En materia de relaciones internacionales también se tomaron decisiones importantes. Por un lado, está la finalización del asilo del fundador de WikiLeaks y, segundo, relacionado a la crisis de Venezuela, finalmente se dio un reconocimiento de Guaidó como el presidente legítimo de los venezolanos.
El ámbito económico sigue siendo un punto fundamental para el país. Si bien los acuerdos con el FMI abrieron nuevas opciones de créditos, con tasas y plazos más bajos, en relación a los contratos establecidos por el anterior Gobierno; durante estos dos años, no se ha logrado una economía sana, con reglas claras y posibilidades importantes de inversión extranjera; el país depende del petróleo y la minería es un escenario que aún está en veremos.
Otra deuda pendiente para el actual Gobierno es la seguridad ciudadana; los índices de asaltos y violencia se mantienen en niveles preocupantes. Es una tarea que merecerá especial atención del Gobierno y del país. Los sectores del país deben estar dispuestos a dialogar y proponer alternativas en beneficio de todos.
Un nuevo momento se avecina para el país. (O)