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El Telégrafo

Muertos en el clóset (II)

26 de abril de 2011 - 00:00

Descubrir cadáveres en el armario es aterrador. Revela la exhibición de un crimen, la existencia de víctimas y el desocultamiento de un secreto celosamente guardado. La violencia del hecho recae sobre el dueño del armario, quien deberá explicar fehacientemente su inocencia, amén de ser señalado y estigmatizado por el macabro hallazgo.
Hablando de cosas parecidas,  ¿es posible que una información “confidencial” pueda causar un terremoto político en época de elecciones? Por supuesto que sí y eso lo saben de sobra quienes manejan campañas electorales. En el escenario electoral de la consulta popular, el domingo anterior apareció un reportaje, en un matutino quiteño, titulado “216141, cable con efecto dominó”, en el cual se deja flotando la idea de que el presidente Correa -principal protagonista en la contienda electoral- “habría conocido los supuestos delitos que habría cometido Jaime Hurtado”.

Nótense los tiempos verbales cuidadosamente usados en dos ocasiones: “habría”, es decir alusivo a una mera suposición o una percepción de alguien. ¿De quién? Siguiendo el ovillo, proviene de “funcionarios” de la embajada de EE.UU. en Quito, contenidas en varios cables difundidos por WikiLeaks a través de El País y luego reproducidos profusamente por varios medios locales.

¿Se trata de una campaña montada para producir una “crisis de creencia” alrededor de la figura del mencionado personaje político? Develar algo “podrido”, pero que no se ha comprobado como veraz, es algo que ha sido trabajado hace semanas por un matutino guayaquileño, en cuyo espacio editorial del 14 de abril -titulado “Los WikiLeaks”- afirma que estos son “un tipo de información que al medio no le consta, pero que se publica porque su fuente es una persona o una institución influyente en la sociedad” y que “los lectores tienen derecho a saberlo y a decidir a quién le creen”. ¡Vaya! ¡Qué tal política editorial! Con razón se oponen tanto al Art. 18 de la Constitución que garantiza para las personas que puedan recibir información “veraz, verificada, oportuna (…) y con responsabilidad ulterior”.

La línea que separa al periodismo investigativo, que escudriña los tortuosos secretos del poder, y el montaje de una campaña política escudándose en la libertad de consumo noticioso es tan tenue, que el lector promedio no será capaz de distinguir una cosa y otra. Lo único claro: el peso político de aquellas “noticias” que buscan agendar un tema siniestro para causar un “efecto dominó”, así como el cinismo de reconocer lo jugoso de tal  mercancía noticiosa.

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