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El Telégrafo
Juan Fernando Larrea

Mesas (SIN) Diálogo

20 de octubre de 2022

Lo que ha sucedido hasta el cierre de las mesas de diálogo ha sido un ejercicio de imposición de posturas de un grupo que dice representar a todo el Ecuador y que ha logrado poner en jaque al Gobierno Nacional. Este mismo grupo, desconociendo el sistema democrático y al que nadie eligió para que nos gobierne, cree que ostenta la autoridad moral para implantar un modelo económico y su sistema de gobierno en el país.

Como parte de los acuerdos entre el Gobierno Nacional y el Movimiento Indígena para cesar las violentas manifestaciones que mantuvieron paralizado al Ecuador por varias semanas y que representaron millonarias pérdidas económicas, se acordó instalar “mesas de diálogo”. La idea principal de esta propuesta era que prime la sensatez, al tener como mediador a la Iglesia Católica; y, que finalmente se logren consensos para no repetir, una vez más, el penoso escenario sucedido en junio de 2022.

Lastimosamente, el Gobierno Nacional cedió ingenuamente a estas mesas temáticas pensando en negociar un pliego de peticiones que resultó en limitarse a escucharlas y buscarles solución. ¿Cuáles fueron las peticiones del Gobierno Nacional? ¿Cómo ayudará el Movimiento Indígena a recuperar las pérdidas económicas derivadas de las violentas manifestaciones? ¿Se planteó alguna idea en ese sentido? Sin lugar a dudas, la habilidad de los negociadores forzó al Gobierno Nacional a permitirles imponer sus reglas, censurar quién se sienta en la mesa de negociación, levantarse a su antojo y acordar qué es bueno para el país.

En concreto, una de las mesas trató temas relacionados con recursos naturales no renovables (minería e hidrocarburos). En dicha mesa, los “acuerdos” a los que se llegaron fueron los siguientes: 1) Moratoria temporal de bloques petroleros; 2) Suspensión temporal de otorgamiento de nuevas concesiones mineras hasta que se apruebe un cuerpo normativo que regule la consulta previa; y, 3) Suspensión temporal de otorgamiento de licencias ambientales hasta que se regularicen las normas de consulta ambiental. Lo anterior, desde la lectura del Gobierno Nacional, tiene un mínimo impacto en la percepción del mercado ecuatoriano para captar inversión extranjera. Penosamente, su relación es directa; el reflejo más claro son los índices económicos (riesgo país y bonos soberanos) pero también la reducción del apetito del mercado internacional en colocar capital extranjero en el país.

¿Cuál es la razón? Para responder esta pregunta, me permito invitarlo a ponerse, por unos minutos, en los zapatos de un inversionista que tiene al Ecuador como potencial destino de inversiones. ¿Hay seguridad jurídica? ¿Cuentan con instituciones sólidas? ¿Existe un verdadero estado de derecho? Por un lado, hay un formidable trabajo de atracción de inversiones y por otro lado “acuerdos” que hacen tambalear la seguridad jurídica. ¿Quién va a querer invertir en un país donde tenemos mesas SIN diálogo?

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