Dice el doctor Ricardo Vaca en su libro sobre la materia que pocas situaciones en la vida son tan dramáticas como el proceso penal, y no es para menos, pues está en juego la libertad de un individuo que, dependiendo del resultado, ratificará su estado de inocencia o será encontrado culpable y consecuentemente condenado a una pena privativa de libertad.
En todas las sociedades se tiene una noción respecto del proceso penal, y la sociedad ecuatoriana ciertamente no es la excepción por haberse visto obligada a seguir decenas de procesos contra las máximas autoridades del Estado, por lo que todos tenemos una idea de su funcionamiento: la Fiscalía y la defensa intentando que el tribunal acoja su teoría del caso. Sin embargo, en el papel, la labor de la Fiscalía es mucho más complicada que la de la defensa, pues el o la fiscal debe convencer al Tribunal más allá de toda duda razonable respecto de la culpabilidad para que este pueda dictar una sentencia condenatoria, mientras que la defensa deberá “simplemente” generar dudas en el Tribunal respecto del caso planteado por la Fiscalía.
En teoría, la certeza que alcanza el Tribunal deberá estar basada en las pruebas practicadas en juicio, motivo por el cual es fundamental que éstas cumplan con una serie de exigentes requisitos. Por ponerlo de alguna manera, así como tenemos abogados expertos en la normativa y su aplicación, tenemos también profesionales cuya labor específica es el levantamiento, análisis y preservación de las pruebas para que estas puedan ser practicadas en la audiencia de juicio, criminalistas especializados en distintas ramas científicas que conocemos como ciencias forenses, por su aplicación directa en la administración de la justicia.
Hoy en día, en el país todavía existe una limitación en el número de científicos forenses especializados; ventajosamente, cada vez son más los programas que brindan esta formación, como la Maestría en Criminalística de la Universidad Internacional del Ecuador que tengo el gusto de coordinar. Hace pocos meses acepté este encargo porque estoy convencido de que una justicia penal técnica, científica y jurídica es posible en el Ecuador, siempre que los involucrados en el proceso penal (abogados, jueces y fiscales, sobre todo) entendamos la importancia de derrotar el principio de inocencia exclusivamente con base en las pruebas. Una vez que alcancemos este entendimiento es muy probable que el derecho penal deje de estar sujeto a cuestiones ajenas al proceso y podremos, quizás, esperar que la verdad procesal y la verdad material sean una sola.
