Los pendientes políticos con lo LGBTI
No estamos para discutir si la moral de ciertos políticos o sus prejuicios deben seguir siendo el sino del manejo de lo público. El Estado es laico y ese es el norte. Organismos internacionales como Naciones Unidas vienen incidiendo por los derechos humanos LGBTI. Y de eso no hay punto de retorno en ningún recoveco del globo.
En Ecuador, sin embargo, luego del logro constitucional de 2008, ha habido óbices en entidades del Ejecutivo, debido a taras estructurales, al desconocimiento de la Ley y sobre todo a los prejuicios. Si faltó evolucionar, es responsabilidad de ciertos órganos de gobierno, que biblia en mano eludían su responsabilidad para negar derechos.
Mientras que la aplicación de muchos principios constitucionales respecto de inclusión y garantías a personas LGBTI en leyes secundarias, ha sido omisión Legislativa. Los cambios se han logrado, como mencioné en un editorial previo, gracias a la justicia constitucional luego del periodo de secuestro correísta.
Esta campaña ha sido la oportunidad de sembrar una semilla para que candidatos y organizaciones políticas –no todas– se informen de los pendientes en derechos LGBTI. La iniciativa Libres e Iguales – Voto Informado LGBTI acogió a 2 presidenciales, 4 vicepresidenciales y 10 candidatos a asambleístas, de ideologías variopintas de izquierda a derecha; que por primera vez escuchaban sobre las consecuencias socioeconómicas de la discriminación y sus pendientes en Ecuador.
Si usted es candidato a legislador sepa que la Asamblea debe trabajar en las reformas sobre las sentencias favorables a la ciudadanía LGBTI, que la Corte Constitucional dictaminó desde 2017 con plazos de 1 año cada una, esto es: la reforma a la Ley de Identidad y Datos Civiles, adecuada a personas transgénero; el derecho de filiación familiar de parejas homoparentales, que permite el registro de hijos biológicos con los apellidos de padres y madres; la sentencia del matrimonio igualitario, que equipara esta figura, con los de las parejas del mismo sexo.
¿Los desacatos a sentencias de la Corte conllevarían la destitución de asambleístas? (O)
