Sistemáticamente el desempleo aparece como una de las principales preocupaciones de los ecuatorianos en todo sondeo de opinión. ¿Cómo es posible conciliar esta ansiedad social con una tasa oficial de desempleo que se ha mantenido estable alrededor del 5%? La respuesta es doble: primero, se debe a la ausencia de incluir en el debate político a los subempleados y a los informales y; segundo, los indicadores de subempleo e informalidad tienen deficiencias conceptuales.
En el caso del indicador de subempleo, desafortunadamente, su metodología de cálculo fue modificada en 2014, provocando que se reduzca dramáticamente en alrededor de 25 puntos de la PEA. Esto no solo provocó que la atención política al indicador se esfume, sino además -desde el Estado- se llegó a entender al subempleo con un concepto inflexible y limitado. Por ejemplo, un PhD que trabaja de taxista porque no encuentra otro empleo bajo la actual metodología no necesariamente es considerado subempleado; una contradicción no solo a la teoría sino además al sentido común.
Lo mismo sucedió con el indicador de informalidad. Su metodología fue cambiada en 2015 provocando que se reduzca en alrededor de 10 puntos porcentuales. Bajo la actual metodología cualquier persona que tenga RUC o RISE es formal. Es decir, si una persona está limpiando parabrisas en la calle pero tiene RISE, es un trabajador formal.
Si el Gobierno tiene un interés sincero en fomentar empleo en el país debe expandir el debate hacia subempleados e informales.
Allí radican no menos de 3 millones de personas, cada una con vínculos familiares, sociales y políticos. La restitución de utilidades a trabajadores, la relación Gobierno-IESS, los nuevos contratos anunciados por el ministro Ledesma y la llegada de voceros políticos y económicos, como los ministros Roldán y Viteri son señales de que el tema laboral estará en la mesa de discusión política. Esperemos que todos los trabajadores sean visibilizados, sobre todo por dignidad y justicia social. (O)
