Las protestas en Colombia: más allá de las teorías de la conspiración

En las últimas dos semanas Colombia ha sido estremecida por protestas masivas en contra del gobierno de Iván Duque. Según la Defensoría del Pueblo del vecino país, hasta la fecha, en el marco de las protestas, han fallecido 41 civiles y un miembro de la fuerza pública.

Es necesario analizar el último ciclo de movilizaciones en el marco más amplio de las tensiones sociales acumuladas en los últimos años en el país hermano. El hecho de que la convulsión social no haya cesado tras diez días de haberse anunciado el retiro del proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno, mismo que desencadenó las protestas, da cuenta de que las movilizaciones sociales en Colombia tienen motivos más profundos.

En primer lugar, el contenido del polémico proyecto del gobierno, apuntado a ampliar la base recaudatoria y precautelar la calificación de riesgo de la deuda externa, alimentó la percepción de que la estructura de la economía colombiana se inclina a favor de los grupos económicos más poderosos en detrimento de las clases medias y populares. La reforma tributaria habría gravado algunos productos básicos de la canasta familiar y los servicios públicos en medio de la crisis económica desatada por la pandemia. La sociedad percibió que el costo de la crisis sería sufragado por las mayorías sin una contribución equivalente de las élites.

En segundo lugar, en medio de una dura represión policial que ha sido criticada por organismos internacionales de derechos humanos, el actual ciclo de protestas es una continuación del que tuvo lugar en septiembre de 2020. En aquella ocasión, las protestas tuvieron como motivación principal la difusión de imágenes que mostraban la muerte de un civil a manos de agentes de la Policía Nacional colombiana, un cuerpo que es dependiente del Ministerio de Defensa y cuya doctrina se asienta en el combate a la guerrilla. La sociedad percibió que el aparato policial ve a la ciudadanía como un enemigo potencial.

Un breve examen demuestra que las actuales movilizaciones en Colombia expresan el agotamiento del modelo preexistente de relaciones entre el Estado y la ciudadanía. Atribuir la protesta social a una amorfa conspiración transnacional contribuye únicamente a la polarización ideológica y al maniqueísmo en el discurso político. Esto ahoga cualquier posibilidad de diálogo social cuando es más necesario que nunca, esto es, en un contexto en el que los gobiernos deben tomar difíciles decisiones en el plano económico.