Los seres humanos nacemos con derechos propios de nuestra naturaleza, que no los concede nadie, sino nosotros mismos que los regulamos, si queremos armonizarlos con las leyes y costumbres del medio en que nos desarrollamos.
El derecho a la libertad de pensamiento es uno que no tiene límite alguno y el de expresión de ese pensamiento es otro de ellos, más limitado que el primero, por las vinculaciones con otros miembros de la sociedad que pueden o no estar abiertos o dispuestos a ser parte de su conocimiento. Nadie te puede impedir que pienses lo que tú quieras, pero sí hay límites para que otros lo compartan.
En el momento político que vivimos, los adversarios del régimen no cesan de acusar al Gobierno de impedir que los ciudadanos ejerzan a plenitud esos derechos y que los ecuatorianos vivimos una dictadura disfrazada, que les impide utilizar esas dos libertades: de pensamiento y de expresión.
Ellos se encargan de incorporar a que secunden estas fantasiosas acusaciones a toda la estructura internacional de los medios mercantiles asustados de que en sus países les toque perder el manejo del poder que se deriva de controlar las noticias que se convierten en una mercancía propia del capitalismo.
A diferencia de lo que sucede en otros países, en Ecuador no hay un solo medio de prensa, radio o televisión que haya sido silenciado; ningún empresario de la comunicación, periodista o comunicador que haya sido apresado o castigado de alguna manera por el ejercicio del derecho a expresarse como a bien tuviere; no hay un solo torturado o desaparecido.
Con aplicación a la ley de comunicación vigente, les víctimas de las calumnias o la difamación han ejercido el derecho de defender su honra y, cumpliendo el debido proceso, los casos denunciados han merecido un trato apegado a la justicia.
Sin ningún límite, consideración o respeto, hay medios privados que generan suspicacias a base de rumores o calumnias contra el propio Presidente de la República, no se diga aludiendo a funcionarios de menor nivel contra quienes se levantan acusaciones sin sustento alguno, sin concretar denuncias justificadas.
El país acaba de transitar el riesgo de ser víctima de una hecatombe financiera y social por culpa del rumor falso de que se iba a decretar un feriado bancario como antecedente a la eliminación de la dolarización y nadie fue perseguido o castigado, aunque fuese evidente y notoria su perversa culpabilidad.
Los propietarios de medios privados son accionistas y partícipes de los gremios internacionales que califican o descalifican a los gobiernos que pretenden independizarse de la coyunda o esclavitud de la manipulación informativa y, desde luego, levantan acusaciones, dudas y sospechas contra los medios públicos.
La influencia de los presuntos independientes llegan a los más altos niveles de los gobiernos capitalistas para desacreditar a los regímenes progresistas que demandan a los medios ser consecuentes con la verdad: que hagan usufructo de la libertad, pero no a base de mentiras, peor de calumnias.
Mucho es el descaro de algunos de esos medios que mañosamente quieren celebrar el aniversario de la proclamación de la libertad de expresión cuando no respetan su sustento. (O)