El envío del proyecto de ley para la redistribución de la riqueza, a la Asamblea Nacional, ha generado protestas. En ellas han participado unos cuantos ciudadanos que forman parte del 2% de los que se sienten afectados. En realidad, los que protestan son pocos. Que -en democracia- tienen derecho, no hay ninguna duda. A lo que no tienen derecho es a mentir. Y lo siguen haciendo. Por ejemplo, ya se escuchó a un banquero-candidato: “El Estado pretende acabar con la familia ecuatoriana”. Nada más falso. ¿O es que se han destruido las familias japonesas, francesas, surcoreanas, inglesas o estadounidenses, en cuyos países existen impuestos sobre la herencia?
Hay minorías que no se preocupan de leer la Constitución de 2008 que fue aprobada por el pueblo ecuatoriano. Vale la pena recordar algunos principios contenidos en la vigente Carta Magna. Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 5. “Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al Buen Vivir”.
Art. 85, numeral 1: “Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el Buen Vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad”. El artículo 283 de la Ley Mayor establece que el sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado; y tiene como objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el Buen Vivir.
Con relación a los objetivos de la política económica, el art. 284 establece, entre otros, Numeral 1. “Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional”. Numeral 7. “Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de producción y empleo sostenibles en el tiempo”. La Constitución, al tratar el régimen tributario, establece principios esenciales que deben ser acatados por todos. El art. 300 dispone: “El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos”.
Cuando los desgobiernos neoliberales -al aplicar las políticas ordenadas por los organismos internacionales- expulsaron de nuestro país a tres millones de compatriotas, los viajeros solo se llevaron una pequeña maleta; a ella también ingresaron -sin invitación- angustia, frustración, tristeza. La mayoría de estos héroes y heroínas fue a España, Italia, Estados Unidos. En cambio, los herederos ricos no se movieron ni un centímetro. El feriado bancario no les afectó.
Está en la Constitución y es de obligatorio cumplimiento: los que más tienen, más tienen que tributar. Asunto sencillo.
En estos días se escuchan voces de algunos herederos ricos: quieren irse del país. El pequeño problema es que las propiedades no caben en el avión. Se comprueba -una vez más- que el gobierno de la Revolución Ciudadana no es de las élites; es del pueblo. La mejor herencia que recibirán las próximas generaciones será la entrega -mediante escritura pública- de la Patria Nueva: digna, soberana, solidaria, equitativa. (O)
