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En la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, hay tristeza. En el centro de la cancha de basquetbol hay un altar con flores. Los familiares esperan noticias de los 43 estudiantes desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre de 2014. Padres, hermanos, parientes y compañeros de los jóvenes normalistas están angustiados. Algunos dormitan en sillas; otros mantienen los ojos abiertos y el rostro tenso. Seguramente los recuerdos de los jóvenes desaparecidos visitan sus mentes y la nostalgia invade su corazón. En el piso, varios voluntarios pintan grandes telas con caricaturas del gobernador Ángel Aguirre y del alcalde de Iguala, Jorge Abarca. Con letras rojas escriben: Asesinos.
Un sobreviviente de la tragedia narra lo ocurrido: “Fue algo muy feo. Simplemente no puedo borrar las imágenes de la sangre de mis compañeros. Yo venía en el tercer autobús y bajé para empujar la patrulla (que les impedía el paso). Llegó mi compañero Aldo Gutiérrez y empezamos a empujarla. Entonces empiezan a disparar y a él le pega una bala en la cabeza. Veo un charco de sangre y grito. Cuando intentamos retirarlo, nuevamente dispararon y desde ese momento fueron descargas continuas contra nosotros”.
Recuerda que les dispararon desde diversos puntos y por eso se tiraron al piso. Después, algunos como él lograron resguardarse entre el primer y el segundo vehículo en los que se transportaban los estudiantes.
Luego añade: “Veo entonces que juntaban casquillos los municipales. A los del tercer vehículo los rodean, los encañonan y los obligan a bajar. Los acuestan en el piso y se los llevan en grupos. Los subieron a las patrullas”. Así concluye el dramático relato del joven sobreviviente.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México ha manifestado que en el caso Ayotzinapa se cometieron violaciones graves a las garantías individuales, consistentes en ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, atentados en contra de la integridad y graves omisiones en el cumplimiento de la seguridad pública.
Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, sostuvo que hay responsabilidad de los tres niveles de gobierno y negligencia criminal de las autoridades locales. También señaló que el operativo en el que se atacó a los estudiantes normalistas fue un acto planificado, por lo que debe investigarse la complicidad de las fuerzas policiales, estatales y federales; así como también de las fuerzas armadas de la zona.
La guerra iniciada por Felipe Calderón, en diciembre de 2006, produjo más de 100.000 muertos y 26.000 desaparecidos durante su período de gobierno. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) contabilizó 13.755 muertes en los primeros 8 meses del gobierno de Peña. El MPJD sostiene que el modelo de seguridad implementado durante el sexenio de Calderón Hinojosa es el mismo que sigue Peña Nieto. En efecto, el Plan Mérida fue firmado entre Estados Unidos y México; entró en plena vigencia en 2008, cuando era presidente Bush II.
En el portón de entrada a la Escuela Normal Rural se lee: “Ayotzinapa, cuna de la conciencia social”. ¿Será -acaso- una de las razones para la matanza?