Parece increíble que en pleno siglo XXI aún haya cierta incomprensión, voluntario o no, frente a la necesidad de superar la desigualdad y la inequidad a todo nivel.
Parece que aún nos queremos resistir a los cambios estructurales fundamentales para que el Ecuador supere las ataduras históricas que como país nos han llevado a crisis permanentes no solo económicas, sino, sociales, culturales; y una de esas ataduras está en los modelos de referencia sobre la autoridad, sobre las jerarquías, los beneficios y el poder. Dos instituciones han sido tradicionalmente fuente de reconocimiento “ideológico” por parte de la sociedad: la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas. La primera, a pesar de su rol en el proceso opresor hacendatario en la época colonial y republicana, continúa siendo un referente de profundo respeto a la autoridad, sin embargo, ese “prestigio” renovado se logró por las reformas teológicas y sociales de la Iglesia; una Iglesia comprometida con los más pobres; una Iglesia que no se aparte de sus feligreses y que deje la opulencia para ser ejemplo en la sociedad. Bien sabemos que ciertos carismas se han resistido y se resisten a esos cambios y promulgan una Iglesia conservadora, llenas de protocolos aunque eso signifique la falta de renovación y de jóvenes entre sus fieles. La Iglesia profundamente comprometida con el cambio ha sido un referente para el mundo, caso ejemplar, la praxis de vida de Leonidas Proaño. Por otro la lado el caso de las Fuerzas Armadas, que tienen en lo popular su base histórica, se convirtieron en gran medida en el modo de vida, de tener seguridad, un futuro medianamente seguro, sin embargo, por su propia estructura y fines estuvo muy anclada a los vaivenes de la política hasta convertirse en árbitros en plena democracia formal. Ninguna institución es perfecta y todas deben transformarse para los fines mayores de la sociedad.
El sistema de pensiones y cesantía deben adaptarse, deben equilibrarse porque ahora se sostiene sobre la inequidad, y de seguir así no será sostenible. Es público las diferencias jerárquicas al interior del personal militar, por razones profesionales, técnicas, lo que no debe ser naturalizado son las desigualdades por reconocimientos ideológicos más que legítimos. La naturalización de las diferencias no tiene sustento alguno en ningún lugar, simplemente se imponen porque unos se benefician de otros. Y el efecto se evidencia con mayor fuerza no solo en la vida activa de los militares, sino que, también, después cuando pasan a la vida civil. Y es público que las desigualdades en la calidad de vida de los retirados son notorias. Hace falta comprender que la cesantía cumple una función social. Ahora quienes salen antes de los 5 años de servicio no reciben nada. Si se retiran entre los 5 y 19 años reciben sus aportes; es decir, que la cesantía no cumple su función social.
Esto quiere decir que debe haber cuentas individuales, superando la práctica de que las aportaciones de unos terminen pagando la cesantía de otros. La equidad debe primar como regla, y eso no tiene nada que ver con la jerarquía profesional. De igual manera que el aumento de las pensiones debe ser acorde a la inflación y en concordancia con las pensiones que reciben los civiles. Siempre surge la pregunta de ¿por qué en el Ecuador hay varios sistemas de pensiones públicos? Este es un tema que debe ser debatido públicamente no solo porque es dinero público, sino porque urge reflexionar el futuro de las instituciones públicas para el futuro del Ecuador. (O)