Informar y estar informado ha significado, literalmente, y en distintos momentos de la pandemia, la diferencia entre la vida y la muerte. Que la gente sepa cómo protegerse y cómo opera ese enemigo llamado “coronavirus” se debe en buena parte a la invaluable labor del periodismo en un momento inmensamente riesgoso.
Cuando la ley y el sentido común insistían en no salir, los periodistas se jugaron el pellejo para traernos oportunamente las historias humanas, los hechos noticiosos y los análisis de los expertos. Ha sido una histórica demostración de coraje y profesionalismo que no se detuvo a pesar de las decenas de colegas caídos.
Fundamedios señala que son 34 los trabajadores de la información fallecidos víctimas del covid-19 entre marzo de 2020 y el 15 de junio de 2021.
Por supuesto que es una labor de primera línea: la organización domiciliada en Suiza, Press Emblem Campaign, dice que unos 1.500 cronistas fallecieron contagiados en 77 países. Pero la vacunación se implementa con criterios que no siempre se entienden y que se enredan aún más donde cunde la escasez.
Muy pocos países latinoamericanos han atendido el clamor de la prensa para recibir un trato prioritario. Y cuando eso ocurrió, se hizo porque había suficiente dotación de dosis, con excepción de Bolivia, donde las dosis asignadas se acabaron pronto, y Honduras, que prefirió al gremio a pesar de que en ese momento se había vacunado a menos del 1%.
Por cierto, en Ecuador también se extendió una alfombra roja a personalidades de la radio como Diego Oquendo y Gonzalo Rosero en medio de una desesperante carencia. El exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, dijo a la revista Mundo Diners que se los vacunó como parte de un ejercicio “ejemplificador”, aunque no deja de tener ese tufo a lista VIP de parte de un gobierno desesperado por congraciarse a cualquier costo y que se esmeró en coleccionar decisiones incorrectas en la recta final.
Además de Bolivia y Honduras, los otros pocos países donde se consideró a la prensa hubo orden y sensatez. Por ejemplo, en El Salvador se solicitó a los medios, no a los gremios, que envíen las listas de su personal. Los periodistas independientes que estaban activos y los colaboradores de la prensa extranjera se registraron directamente con el Ministerio de Salud. Pero allí no tienen la estrechez que tenemos en Ecuador: aproximadamente el 30% de los salvadoreños ha recibido al menos la primera dosis.
Mientras tanto en Chile, donde hubo abundancia desde el principio, recién se invitó a los colegas a recibir la vacuna cuando el 40% de su población ya había recibido una dosis. Y fue tremendamente criterioso: solamente periodistas que salen a hacer coberturas a la calle y que sean mayores de 35 años. La ciudad de Cali hizo algo similar: solo colegas acreditados mayores de 50 años o mayores de edad con comorbilidades autorizadas por el Ministerio de Salud.
Y así regresamos a Ecuador y el caos, con emisarios de algún gremio haciendo vergonzosas listas de “periodistas con título”, o con convocatorias trasnochadas que enseguida eran desmentidas por el gobierno. Y en el más reciente capítulo de este arranchón está el pronunciamiento de una jueza en El Oro como producto de la presión una federación, cuya existencia para muchos era desconocida.
Es lamentable que no se nos haya tomado en cuenta antes y que los trabajadores de la información sigan cayendo contagiados. Tan lamentable como la decisión del presidente de vacunarse recién hace pocos días, aunque ese hecho nos deja claro un mensaje: ya no existe el criterio de las líneas (ni primera, ni segunda, ni tercera) al momento de trazar el camino a la vacunación. Todos tenemos una fecha asignada de acuerdo al rango de edad y no hay mucho más que hacer. Acudir a un centro autorizado con una credencial de prensa bajo el alegato de la jueza no solo es una pérdida de tiempo sino que pone en riesgo el único patrimonio que tiene un periodista: la credibilidad. Porque lo de la jueza no es serio y porque posiblemente alterar el orden ese día en ese lugar quizás le reste una dosis a alguien cuyo nombre sí constaba en el registro.
El hecho de que unos pocos se pusieron en la fila porque tenían “título”, o porque iban arropados por uno de los varios gremios, no significa que debe ser la norma. Nos debe regir la transparencia, la sensatez y la solidaridad incluso si no nos tomaron en cuenta a tiempo. La convocatoria debió haber venido de la Secom o del Cordicom de forma coordinada con el Ministerio de Salud, pero tristemente nunca llegó y ahora no es momento de entrar a la fuerza por la misma ventana que se colaron los colegas jubilados, los relacionadores públicos, los periodistas que trabajan desde casa o aquellos que empiezan y terminan sus jornadas en la sala de redacción.
Es normal sentir angustia e indignación pero ni vamos a rogar ni vamos a patear la puerta. La conveniencia del gremio nunca puede estar por encima de la rigurosidad y la ética periodística.
