El acceso hacia algunos derechos humanos y civiles de poblaciones LGBTI en Ecuador y en varias regiones del mundo se logró gracias a una estrategia judicial, debido a la incapacidad de los actores políticos de conseguir estos cambios y demandas fundamentales. El acceso al matrimonio civil igualitario, por ejemplo, fue un hito logrado en países como Estados Unidos, Brasil, Colombia, México y Ecuador, gracias a la justicia regular o constitucional.
Falta de empatía y posturas reaccionarias en políticos de órganos Ejecutivo y Legislativo, impidieron reconocer este tema, así como la adopción, el brindar garantías legales de protección a poblaciones transgénero o las familias diversas (ambos contemplados en la Constitución); y el reciente veto al largamente debatido Código de la Salud, favorables a personas intersexuales y trans; a la gestación asistida de parejas lésbico-gays; o la prohibición de las “clínicas de deshomosexualización”. Es la muestra de que estos “tomadores de decisión” van más lento que la sociedad o en contracorriente al Derecho.
En esto no hay ideología, pues en varios países que aprobaron reformas sustanciales a poblaciones LGBTIQ+ como España, Argentina, Uruguay, regían gobiernos de izquierda o legislativos de mayoría progresista; y en otros como Taiwán o Costa Rica, son liberales-progresistas. Aunque no influyó en sus correligionarios de otras latitudes, para indagar un poco, entender la problemática y/o cambiar de opinión.
En todo país, sin embargo, ha coincidido la postura y boicot de los mismos grupos antiderechos, que a la par de su fuerte lobby o poder económico, tiene presencia directa en la política de cada país, sin importar la ideología del gobierno de turno –no olvidemos al correísmo. Envuelve, también, ciertas decisiones judiciales, que han afectado derechos cuando de violencia intrafamiliar o de género se trata, no se diga lo LGBTIQ+.
Recordemos una providencia judicial en Ecuador que citaba textos bíblicos para negar el reconocimiento de derechos, similar a los galimatías legales que anteponía la Procuraduría del Estado para justificar la discriminación institucional a personas LGBTIQ+.
