Durante décadas la democracia representativa ha sufrido un desgaste, pues no es suficiente votar, los ciudadanos sentimos la necesidad intervenir en la gestión pública y romper el establisment de la clase política.
Así surge la democracia participativa que va mucho más allá de la protesta, Noam Chomsky la define como: “la capacidad de la gente común para unir sus limitados recursos, formar y desarrollar ideas y programas, incluirlos en la agenda política y actuar en su apoyo.”
En este sentido los ciudadanos podríamos planificar y presupuestar con el gobierno local y nacional, y para ello se han normado figuras jurídicas; pero la acción colectiva va más allá y para corregir las decisiones de los electores se incorporan la “revocatoria” y “remoción” que permiten retirarle el mandato a una autoridad de elección popular.
Más aún si hablamos del Distrito Metropolitano de Quito en donde el señor Yunda ha sido cuestionado por la mala gestión administrativa, el mal uso de recursos públicos, el incumplimiento de las normas, ordenanzas, resoluciones y de vulnerar los derechos de participación.
Los escándalos de corrupción que involucran a sus familiares, el direccionamiento o triangulación de contratos a determinadas empresas, la recurrencia en contratistas, y el sinnúmero de funcionarios cuestionados, nos han colmado la paciencia, así esta semana dos abogadas presentamos un segundo pedido de remoción con los sustentos documentales y conforme los artículos 332, 333, 335 y 336 del COOTAD, cuidando la técnica jurídica de forma que no pueda ser archivado.
Los quiteños cumplimos con nuestro deber, ahora la responsabilidad es de cada uno de los Concejales y Concejalas que deben evitar que la Secretaría del Concejo vicie el procedimiento y de una vez por todas remover del cargo a Jorge Yunda.
Para devolverle la dignidad a Quito, los ediles deberán respetar la institucionalidad y abandonar sus intereses personales y de partido.
