La persecución permanente que padece la expresidenta Cristina Kirchner y el intento de encarcelar a Lula da Silva en Brasil son ejemplos de una nueva táctica de guerra no convencional que se conoce como Lawfare.
La derechas de nuestra región lo han adoptado en los últimos años como mecanismo predilecto para derrotar gobiernos populares y denostar a sus dirigentes, con el objetivo de suplantarlo en el gobierno, encarcelarlos o por lo menos desprestigiarlos cruelmente. Y en esta guerra hacen uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político. Combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno (incluidos familiares cercanos), de forma tal que sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba.
Pero, ¿qué significa Lawfare? El término describe “un modo de guerra no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar” y es utilizado con este sentido en Unrestricted Warfare, un libro de 1999 sobre estrategia militar. En 2001 el concepto comienza a ser manejado en ámbitos diferentes a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tras la publicación de un artículo escrito por el general de Fuerza Aérea, Charles Dunlap, de la Duke Law School. Estados Unidos es uno de los principales proveedores de asesoría para la reforma de los aparatos jurídicos en América Latina y el Departamento de Justicia estadounidense ha estrechado en los últimos años los vínculos con los aparatos judiciales de la región en la lucha anticorrupción. Una de las acciones más importantes fue el llamado proyecto ‘Puentes’, que consistió en cursos de asesoramiento a varios integrantes del Poder Judicial de Brasil y otros países de la región.
El alumno estrella es el juez Sergio Moro, impulsor de la causa Lava Jato y quien condenó a Lula a nueve años de prisión. (O)
