Con motivo de la construcción del nuevo aeropuerto para Guayaquil, en la zona de Daular, ya se han iniciado las ambiciones de los expertos en la negociación de tierras urbanas y rurales, en la que se pone en juego los mecanismos para generar beneficios de la plusvalía, con la que se han enriquecido muchos de los denominados ‘pelucones’, que se dedican a comprar grandes extensiones de suelos para revenderlos en su oportunidad con un beneficio que multiplica fantásticamente el precio que consta en los registros prediales de las instituciones de los poderes seccionales.
Este mismo medio en el que publicamos la presente crónica trató el tema y señaló cómo la ordenanza aprobada en 2011 determinó el nuevo perímetro urbano que debía ser estudiado, puesto que ya se daba la circunstancia de un incremento desconcertante, de seis veces la revalorización del precio original.
Si esto sucede con el solo anuncio de que allí se va a construir el nuevo aeropuerto que tendrá las características de ser intercontinental, ya se puede imaginar lo que costará cuando se cumplan las etapas de elaboración de planos y de inicio de las edificaciones.
Toda esa utilidad quedará en manos de quienes tuvieron la oportunidad de conocer de este proceso de comprar y vender tierras rurales en los contornos de este megaproyecto, lo que es negativo para el desarrollo de una sociedad que anhela generar posibilidades de buscar solución a los grandes problemas que aquejan a las comunidades que carecen de servicios vitales, como la educación y la salud, que son los factores en los que predomina el principio de la equidad y la igualdad entre los habitantes de las parcelas que rodean a las grandes ciudades del país.
Es cierto que nuestra nación requiere de obras importantes, como sería el caso del aeropuerto para la región costanera del país, pero también es pertinente que los gobernantes recuerden que grandes poblaciones están a la espera de encontrar un mejor modo de vida a base de la dotación de esos servicios vitales, que es como ahora se denomina el objetivo del Buen Vivir.
En la planificación territorial contemporánea se prevé la necesidad de preservar áreas apropiadas para el desarrollo de la producción agropecuaria y para la creación de parques y espacios públicos para la recreación de las comunidades que son los procedimientos a través de los cuales se logra un equilibrio en la convivencia global.
Los poderes del Estado, la Asamblea Nacional, los gobiernos seccionales, el Ejecutivo, están obligados a preservar el patrimonio territorial y la riqueza agraria como sinónimo del crecimiento económico y el desarrollo general, por lo mismo, es imperativo intervenir en el control de la especulación de los territorios que no pueden convertirse en materia de beneficio particular, cuando amplios sectores de los habitantes marginales del campo y de las ciudades carecen de los servicios básicos y de las posibilidades para insertarse en el aparato productivo y cambiar la realidad lacerante en que viven grandes conglomerados de este país. Poner coto al festín de los territorios periféricos es una demanda social y un reto para salir del subdesarrollo. (O)
