Los últimos acontecimientos en torno a la seguridad social de las Fuerzas Armadas ecuatorianas da lugar a que pensemos que se trata de una nota similar a la figura de un gato tratando de morderse la cola y dar vueltas y vueltas sin nunca llegar a masticar el apéndice del minino, o también la figura juguetona de los inocentes niños que escupen para arriba sin percatarse de que ellos serían los primeros mojados.
Ya estamos grandecitos para pretender distraer nuestro tiempo en nimiedades de esa superficialidad.
El país y el mundo, casi sin excepción, estamos viviendo una crisis, de origen desconcertante, que no da lugar para juegos infantiles. La primera reflexión que se hace desde el cerebro normal de la gente común es que debemos empeñarnos en liberar del susto y de las amenazas a la gente sencilla y común que poco entiende a los iluminados que se divierten adivinando quiénes serán los más perjudicados.
Parecería que ciertos opositores al régimen no tienen nada que hacer o que esperan la oportunidad de incrementar la fogata que ya es materia de asfixia para muchos criollos.
Lo primero que deberían admitir es que los terrenos que se utilizaron para la construcción del milagroso Samanes no tienen usufructuarios y beneficiarios, pues están siendo disfrutados gratuitamente por todos los habitantes de la tierra y que son de uso libre y soberano. A los millares de usuarios les interesa que ese bien que los acerca tanto a la naturaleza no vaya a ser malogrado por las diferencias inocuas entre unos y otros.
Esta realidad no puede ser mancillada por egoísmos, por envidias o prejuicios irrogados por ese estilo clásico de los contreras que ni hacen ni dejar hacer.
No habiendo, al parecer hasta ahora, turbios beneficiarios públicos o privados, porque no hay egresos en metálico, sino cruce de cuentas, resulta un sarcasmo que se presuman las posibilidades de empuñe porque no hay, como sucede en otras circunstancias, dinero para repartir, sino una controversia sobre la legalidad de los procedimientos que se van a definir con el informe de la Contraloría.
El conflicto que acaba de sufrir la paz ciudadana se provoca por el irrespeto del entonces Alto Mando que hace pronunciamiento público sobre un supuesto perjuicio al Issfa por parte del Gobierno central rompiendo toda norma constitucional de que las Fuerzas Armadas son obedientes y no deliberantes, por lo que el Presidente actuó con todo derecho al reemplazar, como dijo, con mucho pesar, al Alto Mando que no guardó silencio, rompiendo la norma obligatoria para los militares en servicio activo.
Los militares en servicio pasivo pueden hacerlo, pero quién les cree a los Gutiérrez, que dieron un golpe de Estado; de Cobo, que no pudo llegar a la Asamblea cuando fue candidato; o de Paco Moncayo, que en el Ministerio de Defensa desconoció el derecho de la vicepresidenta Rosalía Arteaga, que debía suceder a Bucaram que había sido defenestrado por el congreso de siquiatras que lo declararon loco.
No hay argumento que pueda justificar la conducta que asumió el Alto Mando que fue defenestrado por los actos intolerables para justificar los absurdos, reclamando lo que no tiene justificación. (O)
