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Satisfactorio el sorpresivo acuerdo entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, al que se llegó el 23 de septiembre en La Habana, y que se anunció con merecido despliegue mediático, como paso hacia la culminación del proceso de paz. Así lo consideramos, aunque sin cantar victoria, porque lo que queda es muy complejo.
Debe incluirse al ELN y superar ingentes obstáculos, entre otros, los que sigue poniendo el senador Uribe, a la cabeza de la oposición de derecha, que prefiere una rendición de los insurgentes por medio de una “justicia transaccional”, como lo advertía en mi artículo ‘Violencia institucional en limbo de impunidad’, en el que anunciaba que el acuerdo que se venía venir sellaría un pacto sobre justicia con más equidad, en cuanto que ambas partes aceptaran reconocerse culpables de la violencia.
En efecto, lo fundamental ahora es que se ha encontrado la fórmula aceptable para las partes, que crea un tribunal de paz, que juzgará a todos los involucrados en la violencia, sean insurgentes, militares, policías, paramilitares u otros agentes de crímenes de Estado. Y dentro de un marco jurídico constitucional y de derecho internacional, sin impunidad.
Su tarea es la búsqueda de la verdad, la reparación de las víctimas y asegurar que no se repitan los horrores cometidos. Quienes contribuyan con la aclaración de la verdad de los hechos, si son juzgados culpables, podrán tener sanciones con un mínimo de 5 años; pero quienes se nieguen a declarar podrán ser juzgados por la justicia ordinaria y tener penas hasta por 40 años.
Habrá restitución a las víctimas y, sobre todo, búsqueda de que no se vuelva a repetir el drama. Aquí es donde el reto para la paz cobra toda su complejidad, porque paz con justicia social es imposible dentro del actual sistema neoliberal, y se requieren reformas estructurales de fondo, unas ya acordadas, como la de atender el problema de la tierra con un desarrollo agrario integral, y permitir que los insurgentes, al dejar las armas, se transformen en movimiento político legal, con protección para que no sean eliminados por la furia diabólica de una oposición que los quiere muertos, como ocurrió en el pasado.
Rodrigo Londoño Echeverri, alias ‘Timochenko’, jefe máximo de las FARC, hizo un llamado a toda la sociedad para que se neutralice el odio y la retaliación, denominándolo “tarea N° 1”, en la que las FARC se empeñarán para avanzar mucho más rápido y poder terminar el conflicto antes de los seis meses que propuso el presidente Santos.
Urge, pues, la creación de una cultura de reconciliación y el rechazo a la cultura del descarte, de la que habló el papa Francisco en Cuba, en su rol de constructor de paz, cuyo aporte es innegable en este acuerdo.
Entre tanto, habrá que contar con las reacciones del ELN y de las víctimas de la violencia que pasan de 6 millones, y esperar que brille inquebrantable la voluntad política de las partes, superando las dificultades para la culminación del proceso. (O)