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El Telégrafo
Mauricio Riofrío Cuadrado

Juicio, desastres e inseguridad

23 de abril de 2023 - 00:00

El juicio político instaurado por la Asamblea Nacional se inició con una secuencia imperdonable de errores recurrentes que harían sonrojar a un estudiante de primer año de derecho, con una avalancha de criterios anticipados se ha buscado marcar la tendencia de la censura y destitución del presidente de la República. 

Al parecer, se pretende un solo camino, la destitución a troche y moche, sin lugar a los ineludibles principios del debido proceso y presunción de inocencia que, correctamente asimilados, deben estar siempre presentes en cualquier proceso de juzgamiento. Muchos despistados dirán que los citados principios rigen solamente para el ámbito judicial, sin tomar en cuenta que son premisas de civilizada convivencia que sobrepasan tanto las posiciones legales y legalistas, como las políticas y radicales.

El presidente Lasso sabrá defenderse, no necesita ninguna opinión que lo haga a nombre de él, con seguridad su defensa técnica lo hará, porque para eso están. El dictamen de la Corte Constitucional, que admite el juzgamiento por responsabilidad política a causa de un presunto peculado, obliga a los asambleístas a probarlo y al primer mandatario a desvirtuarlo. Sin embargo, para quienes desde la ciudadanía luchamos, todos los días, por un país mejor, es obligatorio apuntar que el Ecuador de hoy, está empantanado y en un punto muerto, donde la cohabitación de las funciones del Estado no existe y la institucionalidad se encuentra devastada y carente de credibilidad.

Más allá de la valoración de la gestión gubernamental, lo sensato y sobre todo lo legal es enfocarse en los elementos de convicción del delito que se persigue, lo lamentable es que mientras nos enfrascamos en las disquisiciones políticas, el país se cae a pedazos por desastres naturales e inseguridad, presa de la falta de planificación y previsión de los últimos 50 años, víctima del narcotráfico, la delincuencia organizada y el terrorismo que ya se han enquistado en el tejido social ecuatoriano y han llegado a tocar las puertas de todos.

La ciudadanía exige rigor técnico y cordura política en el proceso de juicio al jefe de Estado, que la toma de decisiones sea el resultado de una sesuda reflexión, que se piense en el país, soslayando las venganzas personales y los intereses partidistas, vamos a ver si sucede y el olmo nos entrega peras.

Por una parte, se pide un acuerdo nacional y por otra, llueven las acusaciones de negociados y negociaciones bajo la mesa, los políticos se llenan la boca de palabras como honradez y honestidad, lealtad y fidelidad, sin darse cuenta que sus actos los desenmascaran y ponen en evidencia sus verdaderas intenciones, otros en cambio, están expectantes para pescar a río revuelto y otros pocos, de porcentaje minoritario con respecto a la población, solo piensan en el caos de la revuelta violenta, mientras el innombrable se frota las manos. 

El país se debate entre desastres e inseguridad, tanto que, se impone la necesidad de que las Fuerzas Armadas actúen, es urgente que salgan a las calles, porque las circunstancias se ajustan a su misión y razón de ser, estamos en guerra por amenaza interna y sin duda, la integridad nacional está en peligro. La Policía Nacional está desbordada, con el agravante de la frustración por la impunidad imperante, “La Policía no le tiene miedo a enfrentar a la delincuencia, a lo que le tiene miedo es a la acción de la justicia. A la acción de tribunales de garantías que miran al delincuente y no miran a las víctimas” afirma el Gral. Juan Carlos Rueda y tiene toda la razón, sería terrible si la población empieza a tomarse la justicia con mano propia. 

En otro contexto, que al final es el mismo, las víctimas de los desastres a nivel nacional esperan soluciones a sus agobiantes problemas, verbigracia Alausí y la urgente necesidad de la construcción inmediata de su hospital, la rehabilitación del tramo ferroviario a la Nariz del Diablo y la reconstrucción de la red vial destrozada. Los ministros Ruales de Salud, Olsen de Turismo y Herrera de Transporte y Obras Públicas tienen la obligación moral y legal de honrar la palabra presidencial.

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