Argentina cumplió el miércoles el paroxismo de su singular aporte a la cultura universal, su invento de cómo el aparato institucional de la justicia puede ponerse al servicio de la oposición y desestabilización políticas.
Es cierto que no es toda la justicia, pero también que no se trata de unos pocos funcionarios judiciales. En este caso, un grupo de fiscales (alrededor de once) llamó a una marcha contra la Presidenta, presentada angelicalmente como “de honra a la memoria del fiscal Nisman”. Allí concurrieron casi todos los líderes de las oposiciones políticas y una importante multitud bajo la lluvia, en silencio como exigían los rostros graves de los fiscales, pero dispuestos a toda clase de insultos hacia el Gobierno y la Presidenta, apenas se les acercaba un micrófono mediático.
Mientras, crece una catarata de denuncias e inicios de causas judiciales contra funcionarios de Gobierno y dirigentes sociales afines, día a día y hora a hora, en una acción que no puede dejar de sospecharse como concertada.
La denuncia que hizo Nisman contra la Presidenta antes de morir, débil y confusa, fue elevada como válida al juez por uno más de los fiscales opositores. Lo curioso es que eso fue presentado al país sureño y al mundo todo como “imputación a la Presidenta”, cuando solamente un juez puede imputar, nunca un fiscal. No importa: la operación mediática fue suficiente para que casi todos creyeran que, efectivamente, la mandataria estaría imputada.
Por si acaso, uno de los fiscales ‘convocantes’ también lanzó públicamente que el juez de la causa referida -con la que ese fiscal nada tiene que ver- deberá aceptar que la causa es válida. La insólita invocación pública por el funcionario a un caso con el cual él no tiene relación, es muestra suficiente de los excesos y tergiversaciones de rol a que hoy se asiste, promovidos por una parte del poder judicial de la Argentina.
Los medios hacen, mientras, su propia parte: por ej., presentar a una testigo que dice que toda la investigación sobre la muerte del fiscal estuvo mal hecha desde el comienzo. Eso fue lanzado por vía de una declaración mediática inverosímil y errática, que sin embargo sirvió para instalar en la población incertidumbre y sentimiento de que el Gobierno obstruiría la pesquisa.
La operación de desgaste contra el Gobierno prosigue. La Corte Suprema, que debiera ordenar el desmadrado comportamiento judicial, guarda distraído silencio. El Gobierno sigue actuando y funcionando, pero debe gastar energía en responder cada ataque judicial, de esos que cada vez tiene más. La tensión, en ese sentido, se mantiene sin que encuentre todavía un punto de resolución preciso.