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Cuando abusaron sexualmente de nuestras niñas, niños y adolescentes en sus espacios educativos, la escuela toda se desvaneció como lugar de referencia.
¿Y cómo no? Si solo en lugares poco protectores e indiferentes pueden suceder hechos tan atroces como el abuso sexual infantil.
Entre 2014 y 2018 se detectaron 4.111 casos de violencia sexual en el sistema educativo, de estos 1.837 fueron cometidos en escuelas y colegios. Hasta ahora 734 expedientes administrativos han sido auditados por el Ministerio de Educación, 406 de ellos fueron entregados a Fiscalía para la investigación respectiva, en un afán de resarcir tanta impunidad.
Si bien se desconoce el número exacto de víctimas directas e indirectas de este fenómeno social violento, se sabe que existieron abusos sexuales colectivos con decenas de niñas, niños y adolescentes implicados, por lo que es mandatorio descartar la existencia de redes de pornografía infantil, pederastia o de cualquier tipo de explotación sexual.
Es que no solo las escuelas actuaron como pésimos agentes de protección afanándose más en silenciar el padecimiento de las víctimas y sus familias que en protegerlas, también lo hicieron las máximas autoridades educativas de la época, con Augusto Espinosa a la cabeza.
El exministro, hoy asambleísta, aceptó conocer al menos 100 denuncias por año de violencia sexual cometidas en espacios educativos, y aunque él y su equipo tenían la obligación legal -también ética y moral- de garantizar a nuestros niños ambientes escolares sanos, seguros y libres de violencia, prefirieron mirar hacia un costado a la hora de protegerlos. Esta omisión no ha sido sancionada en legal y debida forma, Augusto Espinosa sigue ocupando su curul, como si la inmunidad fuese sinónimo de impunidad.
Esa misma impunidad sumada a altos niveles de tolerancia ha impedido obtener verdaderos cambios en la cultura escolar en materia de violencia, llevando a sus víctimas al olvido social y desdibujando la posición de los niños en nuestra sociedad. (O)