Hasta hace poco en Colombia era impensable siquiera que se convocara a un foro de política de desarrollo agrario integral, y más aún que, si se realizara, pudiera concluir exitosamente, y con el reconocimiento de las FARC.
El Foro se llevó a cabo con la presencia de 1.314 ciudadanos de 522 organizaciones de los 32 departamentos del país, a pesar de los malos presagios de las oligarquías terratenientes y de la actitud hostil de la Federación de Ganaderos, Fedegan, que no participó por no estar de acuerdo con que se discuta con las FARC el modelo de desarrollo rural.
El 9 de enero, delegados de la ONU y de la Universidad Nacional entregaron oficialmente al Gobierno y a las FARC 546 propuestas que salieron del Foro. Su análisis permitirá “esbozar acuerdos”, tarea de la tercera ronda de diálogos que se iniciará el 14 de enero.
Los diálogos serían un fracaso total sin acuerdos sobre el problema de la tierra, base del conflicto, como es evidente si se considera la situación dramática del campesinado frente a grandes propietarios de la tierra que controlan el 61,2% de la propiedad de la tierra rural. Lo que refleja el Índice Gini, 0,875, uno de los más altos del mundo (Ecuador 0,79, donde el 60% de pequeños propietarios está confinado en el 6,4% de las tierras). La brecha existente entre lo rural y lo urbano y la desigualdad que vive Colombia es un factor principal del conflicto.
Entre las propuestas que han trascendido hay una básica: la realización de un censo agropecuario. Urgente, si se tiene en cuenta que el último censo fue en 1970, lo que muestra el abandono en que los gobiernos han tenido al campo.
Además, se presentaron propuestas igualmente urgentes y razonables, como el llamado a desarrollar políticas públicas con la equidad de género como elemento transversal y la creación de oportunidades para los jóvenes del campo. La consolidación de proyectos que aseguren la soberanía alimentaria. El enfoque integral que contemple, además de la Ley General de Tierras, una reforma agraria, pues la problemática agraria no puede solucionarse de manera aislada y sin cuestionar el modelo económico.
La necesidad de establecer un tope a la explotación minera de parte de empresas transnacionales y a la agroindustria, pero también a la concentración de propiedad de la tierra, y revertir el proceso de “ganaderización”. Y muchas más, como las que miran a la solución del despojo violento de las tierras.
En una palabra, la búsqueda de la equidad en el agro como eje principal de la solución del conflicto armado.