Alfredo Stroessner, del Partido Colorado, gobernó Paraguay –con mano de hierro y plomo– desde 1954 hasta 1989. Fueron 35 años de sufrimiento para el pueblo y de beneficios para las élites, que se enriquecieron más en su período.
Fernando Lugo desplazó del poder precisamente al Partido Colorado.
En Paraguay, el 2% de propietarios posee el 80% de las tierras. Y son esas élites latifundistas las que tienen una numerosa representación en la Cámara de Diputados y en el Senado para cuidar sus negocios, privilegios y propiedades. Los terratenientes no están dispuestos a permitir que alguien atente contra sus intereses.
Hay un hecho que es necesario conocer: a finales de mayo del presente año, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que incrementaba el presupuesto electoral en 150.000 millones de guaraníes (34 millones de dólares) para contratar 9.000 “operadores políticos”, que ingresarían a los roles de pagos del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
Esta decisión provocó que los ciudadanos se concentren frente a la sede del Senado para rechazar la aprobación de dichos fondos, que los paraguayos calificaron como “una maniobra más de los diputados corruptos, para malgastar el dinero público”. Frente a este enérgico reclamo, a los senadores no les quedó otro remedio que negar lo aprobado en primera instancia.
Con esta bien ganada fama, pocos días después, los diputados aprueban el juicio a Fernando Lugo y los senadores dan el golpe final.
Los opositores neoliberales –herederos políticos de Alfredo Stroessner– no tuvieron la paciencia de esperar hasta las elecciones de abril de 2013. El gran pretexto fue echarle la culpa a Lugo de las 17 vidas perdidas (11 campesinos y 6 policías) en Curuguaty, sabiendo de antemano que para el desalojo de esas tierras hubo una orden judicial.
No hay ninguna evidencia de la responsabilidad de Lugo en aquel trágico suceso. Los oligopolios mediáticos privados también jugaron un rol fundamental en este golpe parlamentario, al constituirse –una vez más– en “representantes” de la opinión pública.
El asunto de fondo es alterar la geopolítica en América del Sur, sacando del poder a los gobiernos progresistas de la región. No hay que perder de vista que Paraguay ejercía la presidencia pro témpore de Unasur.
Ya consumado el golpe, la señora Emilia Patricia Alfaro –esposa de Federico, el Usurpador– en una entrevista que concedió a diario Última Hora –entre otras cosas– manifestó: “Me encanta todo lo que tenga que ver con la moda.
Justamente estoy a punto de presentar mi marca de ropas EPA”. Para esta dama, el mejor momento llegó…
Negocios son negocios.
