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Reducidos grupos de poder y sus ideólogos quieren volver a las viejas políticas neoliberales, que vienen precedidas de medidas antipopulares. Ya vendrá la carta de intención que se “negocia” previamente y el archivo total de los planes de gobierno y los principios. El FMI, para ellos, deviene en salvador del país.
Olvidaron que estas políticas ya aplicaron los gobiernos, a los que sirvieron y condujeron al país a la crisis económica, inestabilidad política, “salvatajes” bancarios, mayor pobreza y desempleo; emigración masiva de 3 millones de ecuatorianos. Todo con base en el saqueo del petróleo.
Tales políticas condujeron a la pérdida de la soberanía monetaria y a la improvisada dolarización, junto a la última macrodevaluación del sucre, en favor de la banca corrupta, así como a la creación mañosa de la AGD, también en su beneficio. Impulsan las “privatizaciones” y “concesiones”; la flexibilización laboral, para afectar derechos de los trabajadores (piden congelar salarios por 5 años); van a despedir 4.000 trabajadores de las empresas públicas y no renuevan contratos a decenas de miles.
Exigen la eliminación de subsidios del gas, diésel, y otros; y la congelación de proyectos sociales. Buscan en su beneficio eliminar impuestos y salvaguardas, para abrirse indiscriminadamente al mercado mundial, afectando al productor nacional.
Buscan unos $ 8 a $ 10 mil millones del FMI y otros, cuyo destino es incierto, al menos hasta ahora. Sabemos del flaco favor que el Fondo hace con sus políticas a los gobiernos. El resultado es lo de Argentina, caos, protestas sociales e inestabilidad; a saber, en favor de quién o quiénes. Es la lógica del “nuevo” modelo; esto es, el “viejo” modelo de mercado “libre”, que nunca ha sido tal, modernizado con dádivas y falsas promesas.
Todo esto implica archivar el plan y la agenda de recuperación productiva, congelar nuevas reformas como la agraria, laboral y del conocimiento, así como la democratización del Estado y la organización y apoyo a la economía popular y solidaria; en suma, olvidar que las políticas públicas y la fiscal tienen propósitos redistributivos y deben coadyuvar al objetivo de justicia social y democracia. (O)