El Colegio de Periodistas de Chile expulsó como miembro a Agustín Edwards, director del diario derechista El Mercurio, por faltas a la ética. Ellas incluyen el recibo de dineros de Estados Unidos para impedir que el entonces presidente electo democráticamente -Salvador Allende- pudiera iniciar su período de gobierno; y luego, ya ungido el dirigente socialista, por trabajar para su desprestigio a fines de su derrocamiento. Es decir, colaboración (no solo apoyo) con el sangriento golpe de Estado de Pinochet, y acción consiguiente de encubrimiento de sus crímenes y sus aberrantes atropellos a los más elementales derechos humanos.
A ello agregó Edwards cargos por su comportamiento en períodos democráticos, cuando en 2007 su diario acusó a dos jóvenes de ejercicio de violencia en la visita del entonces Papa a Santiago. Esos jóvenes fueron sometidos luego a torturas por la Policía, e incluso a simulacros de fusilamiento. Cuando se demostró a posteriori que esos jóvenes habían estado fuera y lejos del espacio físico en que se desarrollaron las protestas -por cierto que las torturas no se justifican nunca, aun si los falsamente inculpados hubieran sido responsables efectivos-, el diario no se disculpó, y mucho menos aún se ocupó de compensar a los damnificados.
Es ejemplar esta sanción a un personaje que pertenece a la más rancia aristocracia chilena, en cuanto se la ha hecho con claro ajuste a reglas preexistentes; es decir, en el más preciso ejercicio de las reglas del derecho.
Ojalá el ejemplo cunda en el continente, ante los abusos antidemocráticos ejercidos desde medios de prensa. Es notoria la impunidad de que estos gozan (basada en un uso equívoco del concepto de ‘libertad de expresión’), en nombre de la cual puede informarse de manera parcial, sesgada e incluso simplemente falsa, como si el cumplimiento de un servicio público, como es informar, pudiera hacerse con total tergiversación, y como si hubiera algún derecho a hacerlo, porque los propietarios de los medios que hacen esa actividad son privados. Lo suyo es como la concesión que se da por el Estado a una compañía privada de autobuses: tiene que cumplir bien su rol, de lo contrario debiera ser sancionada. Pero como cuando el Estado interviene se lo sataniza, es excelente que una agrupación de la sociedad civil -el Círculo de Periodistas- asuma legítimamente ese rol.
En Argentina, el grupo Clarín ha propalado falsedades, incluso en sus titulares de primera página, como es el caso de una supuesta cuenta en el extranjero de parte del hijo de la Presidenta, o de supuestas irregularidades en las pericias iniciales cuando la muerte del fiscal Nisman. No les basta con impedir publicar siquiera una sola voz favorable al Gobierno -en un hecho que no puede sino calificarse de censura-, sino que, además, mienten con total evidencia, sin rectificarse, disculparse ni modificar a futuro el comportamiento avieso.
Lo sucedido en Chile muestra que también la impunidad mediática tiene sus límites. Ojalá cunda el ejemplo y se encuentren modos societarios de impedir la unilateralidad y el sesgo absolutos, justificados con la excusa de una pretendida e inexistente ‘independencia’ de parte de los medios masivos hegemónicos. (O)