El lamentable hecho de un explosivo puesto en Guayaquil contra la sede de Alianza PAIS, muestra la escalada en la que algunos sectores minoritarios están poniendo las diferencias surgidas en torno de dos proyectos de ley propuestos desde el partido oficial.
Las oposiciones políticas tienen todo el derecho a manifestarse; ello es inherente a la vida democrática y a la posibilidad de disidencia. Pueden hacerlo una vez, o mil veces. Sin embargo, no hay derecho al uso desestabilizador de la movilización, contrario a la democracia; ni a pedir la salida del Presidente o de otras autoridades constitucionales del país, que ocupan sus sitios por procesos electorales legítimos e indiscutidos.
La pretensión opositora de ‘no parar’ -contraria a lo vivido durante la visita del Papa-, lleva a pensar que hay quienes quieren llevar la movilización a la destitución de las autoridades. Lo cual no solo es obviamente contrario al cuidado institucional, sino que puede ser (quizá más allá de la intención de quienes lo proponen) la base para posteriores enfrentamientos y desencuentros de largo plazo.
Algo de ello se intuye en algún dirigente de Conaie, cuando se ve obligado a aclarar que no están en actitud desestabilizadora. “No aclare que oscurece”, se dice en algún país latinoamericano: cuando hay que aclarar con tanto cuidado, es porque es obvio que lo que se hace está confuso. Agregó el dirigente que ellos no se unen a la derecha, lo cual muestra también la evidente superposición que sectores pretendidamente progresistas tienen con sectores conservadores en su oposición al Gobierno, tal cual ocurre también en Bolivia o Argentina. Y cuando se trata de que un gobierno permanezca frente a sectores que tienen actitud destituyente, la responsabilidad de las dirigencias de movimientos sociales no es menor, tanto en el breve plazo como en cuanto al posterior juicio que hará la historia.
Cuando en la Argentina de 1955, los sectores liberales y conservadores lograron -en una confluencia entre civiles y militares- acabar abruptamente con el gobierno de Perón, se ciñó sobre ese país el enfrentamiento faccioso, la deslegitimación del sistema político y las luchas internas durante casi 20 años, que terminaron en la dictadura criminal iniciada en 1976. Aún hoy las cicatrices no están borradas: siguen los juicios a quienes fueron responsables de atrocidades represivas inauditas. Ojalá un ejemplo como ese sea atendido en otras latitudes; para que se advierta que la interrupción de ciclos constitucionales que han arraigado en sectores del pueblo, puede luego ser tan nefasta para quienes la sufren como para quienes la propician. (O)