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Vivimos en un país repleto de desigualdades y en donde la política está desconectada de las necesidades de hombres y mujeres que día a día buscan la forma de sobrevivir.
De acuerdo a cifras del INEC al año 2021, aproximadamente 6 millones de ecuatorianos son pobres y 2.6 millones son extremadamente pobres. Esta realidad es poco conocida y analizada por los tomadores de decisiones, quienes deben diseñar planes, programas y proyectos, de mediano y largo plazo para cambiar esa realidad.
Erradicar la pobreza es uno de los deberes primordiales del Estado, así lo manda el Art. 3 de la Constitución de la República; por lo que, toda autoridad del Ejecutivo debe trabajar en políticas que beneficien a esa parte de la población en situación de precariedad, que les brinde oportunidades y mejore su calidad de vida.
Por su parte el Legislativo debe elaborar proyectos de ley orientados a reducir la pobreza, invertir en desarrollo, fortalecer al agro y a la pequeña empresa, promover el acceso al crédito, reducir tasas de interés para la producción, debe identificar la desigualdad asociada a la violencia y falta de coberturas a sectores vulnerabilizados.
El Estado debe garantizar accesos básicos, mejorar el sistema de salud, trabajar en la calidad de educación y debatir una gran reforma a la seguridad social; sin embargo nada de eso se trata, pues los legisladores han preferido el bloqueo en lugar del diálogo y otros satanizan los consensos, cuestionan todo tipo de acuerdos y actúan bajo las directrices del “hegemón” sin cuestionarlo, como si aún fueran gobierno.
Los políticos que hoy dirigen el país ha olvidado que es necesario dotar de contenido a la política y hacerla útil, que significa coincidir en objetivos nacionales como la erradicación de la pobreza y la desnutrición infantil, alcanzar la justicia social, la vigencia de los derechos, pero sobre todo conseguir crecer en lo económico para redistribuir la riqueza y alcanzar bienestar y condiciones de equidad.