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Aunque hablar de Estados Unidos suele relacionarse con la iniciativa privada químicamente pura, lo cierto es que en ese país gran parte de la investigación ‘privada’ se hace con fondos públicos, en especial mediante dos sectores estatales: defensa y salud. Pero la contribución del Estado no solo se da mediante fondos directos, existen -además- una serie de aportes estatales indirectos a la investigación privada: exenciones tributarias y preferencias en contratación pública.
En forma paradójica, el poderoso capital multinacional no solo actúa libre de la tutela estatal, sino que obliga a los Estados a intervenir a favor de los grandes inversionistas y de los accionistas de las multinacionales. La intervención del Estado consolida el capital, y legitima las grandes utilidades privadas y los monopolios globales.
En EE.UU. el gasto público directo representó el 31% de los fondos destinados a investigación y desarrollo en 2012. Sume gastos indirectos, como exenciones fiscales, y esta proporción sería de 35%. Las enormes ganancias que a menudo obtienen unos pocos actores privados gracias a un gasto público de tal magnitud es una de las principales causas de la concentración excesiva de ingresos (vale leer el artículo de Kemal Dervis, ‘La desigualdad financiada públicamente’, 2015).
El caso que mejor ilustra esta contradicción, toda la codicia involucrada y que resulta vergonzoso por lo inhumano, es el del medicamento Sovaldi, usado contra la hepatitis C. Gilead Sciences, la comercializadora y dueña de la patente, vende el tratamiento completo de 12 semanas por $ 84.000, lo que supera con creces la producción del medicamento. El sector privado invirtió menos de $ 500 millones en investigación y desarrollo para crear Sovaldi, pero el Gobierno de EE.UU. había financiado en gran parte el lanzamiento de la nueva empresa que desarrolló el medicamento y que más tarde fue comprada por Gilead.
Este precio se traduce en un dato increíble: cada pastilla de Sovaldi cuesta unos mil dólares. Pero resulta que los fármacos que se creían los más caros (los que combaten el VIH del sida) tienen un tope de $ 80 por pastilla. Por cierto, el nuevo medicamento todavía no ha demostrado que cure en forma total la hepatitis C (un terrible mal para la humanidad en estos momentos).
Gilead cobra en Egipto 900 dólares por un tratamiento que en Estados Unidos cobra a los pacientes 84.000. Es decir, afectan al pueblo que subvencionó en términos parciales la investigación. Además, ¿quiénes sufren por el alto costo de la medicina? Los más ricos lo pagan, la clase media alta puede financiarse viaje y estadía en Egipto, para reducir costos. ¿Qué pasa con los pacientes más pobres? Reciben ayuda de los programas sociales estatales, como MediCare. Pero estos, que por ley deben comprar medicamentos en el país, no tienen los fondos asignados suficientes para comprar medicamentos tan caros. Consecuencia: los pobres no van a poder acceder a Sovaldi.
Mientras los laboratorios estadounidenses sigan creciendo a costa de su pueblo sin dar nada a cambio, mientras sigan socializando las pérdidas y privatizando las ganancias, estarán hipotecando el futuro de millones de personas.
En salud quieren que todos asuman los errores, pero pocos disfruten los aciertos. (O)