Luego del revuelo ocasionado por la filtración de más de 12 millones de documentos en los cuales se evidencian operaciones en paraísos fiscales por parte de líderes mundiales (entre ellos el actual primer mandatario), políticos y acaudaladas personalidades, el pasado 5 de noviembre de 2021, la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad de la Asamblea Nacional, aprobó un informe de mayoría en el cual, establece “el incumplimiento constitucional del Presidente de la República por grave crisis política, conmosión (sic) e inobservancia interna del mandato popular sobre paraísos fiscales”.
Aún cuando el contenido del informe es pobre y carece de un respaldo fáctico distinto al ya conocido y publicado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) el 3 de octubre de 2021, la mayoría de dicha Comisión recomienda, entre otras, que el Pleno de la Asamblea Nacional verifique el incumplimiento por parte del Presidente de la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular efectuada el 19 de febrero de 2017, en la cual se determina que ningún candidato ni funcionario puede tener relación con compañías en paraísos fiscales.
Mas allá de los garrafales errores de forma que padece el informe (y que dejan mucho que desear de la calidad de nuestros legisladores y sus asesores), preocupa el fondo del documento, pues, revela entre líneas una estrategia encaminada a una interpretación antojadiza de la Constitución con el fin de desestabilizar al régimen de turno y que trae a colación nuevamente un particular fenómeno que se hizo patente en la última década: la judicialización de la política.
En este contexto partamos por una primera aclaración: ¿tener dinero o activos en compañías domiciliadas en paraísos fiscales es un delito? No. Curiosamente, una de las herencias de la década ganada fue la satanización de las compañías offshore, por cuanto se consideraba que a través de ellas se promovía el lavado de activos y la evasión tributaria. En realidad, si hacemos memoria histórica, la fuente material de la mentada ley orgánica no fue otra sino el sinnúmero de escándalos de corrupción que empezaron a aflorar a finales del último período de Rafael Correa. Irónicamente, quienes más utilizaron este método para lavar dinero y evadir el pago de tributos fueron funcionarios del antiguo régimen que han sido sentenciados por delitos de corrupción y que en muchos casos se hallan prófugos de la justicia. Así, es necesario hacer énfasis en que lo fundamental no es saber si un sujeto tiene o no empresas offshore sino saber si este reportó ante la autoridad tributaria este hecho y pagó los tributos correspondientes.
En el caso particular del presidente Lasso, en el mencionado informe no se encuentra prueba alguna de que este tenga algún tipo de relación con compañías offshore. Incluso, de la lectura atenta de la información revelada en los “Papeles de Pandora” y que sirve de base para la redacción del documento producido por la Comisión, se puede evidenciar que el actual mandatario se deshizo de alrededor de 14 sociedades que poseía en paraísos fiscales antes de presentarse a elecciones en el año 2017. Por otra parte, de las declaraciones realizadas por Lasso entre 2002 y 2020, se puede evidenciar que este habría pagado un equivalente al 45% de su patrimonio en impuestos.
En este punto resulta inevitable preguntarse: ¿son estos hechos motivo suficiente para que la Comisión, de manera antojadiza, determine la existencia de una grave conmoción interna en su informe? Tampoco. La Corte Constitucional ha sido clara al señalar respecto de la conmoción interna que esta “implica la real ocurrencia de acontecimientos de tal intensidad que atenten gravemente en contra del ejercicio de los derechos constitucionales, la estabilidad institucional, la seguridad y la convivencia normal de la ciudadanía” y que, así mismo, los hechos que configuran una situación grave de conmoción interna deben generar una considerable alarma social.
No obstante, y como habría dicho Roosevelt, “En política, nada pasa por accidente. Si sucede, es porque así se planeó”.
Resulta imposible entender que un gobierno que se acerca apenas a su sexto mes en el cargo, luego de una exitosa campaña de vacunación, se encuentre acosado por sus adversarios en los frentes económico, político y de seguridad. De ahí que sea tan importante hablar de la conmoción a la que la Comisión hace referencia en su informe.
Para nadie es desconocida la grave crisis económica que afecta a nuestro país desde hace varios años y la falta de compromiso político entre los poderes de turno enfocados en una solución clara a dicha crisis. En este contexto, es reprochable la poca preparación de la clase política de nuestro tiempo que torna imposible la llegada de consensos y diálogos. Finalmente, resulta indiscutible que el Ecuador se encuentra en una de las peores crisis de seguridad de su historia debido al manejo negligente y oportunista por parte de las autoridades que ocuparon cargos de gobierno relacionados con el ámbito de la seguridad del Estado en los años que precedieron al actual régimen.
En este entendido piense en lo siguiente: ¿qué sucedería si en los próximos días confluyen el informe de la Comisión, con las movilizaciones sociales promovidas por Iza y una nueva crisis carcelaria en el país? ¿No es acaso esa “conmoción” de la cual nos quiere hablar entre líneas la Comisión de Garantías de la Asamblea? ¿No le parece demasiada coincidencia de que todo se está alineando en ese sentido? No es de extrañar entonces que el Ministerio de Gobierno advierta de intentos de golpe de Estado a través de la desestabilización.
En regímenes democráticos como el nuestro es inaceptable que ciertos sujetos políticos, tomándose el nombre de la democracia, busquen atentar contra ella generando un clima de inestabilidad con el único y protervo fin del retorno de un autócrata.
Así, al parecer, con errores ortográficos y más, algunos se encuentran, como Proust, en busca del tiempo perdido, solo que esta vez el camino es la “conmosión”.
