Los medios de comunicación privados tienen un dolor de cabeza desde que aparecieron los medios públicos y comunitarios. Esa jaqueca les produce preocupaciones diarias y unas alucinaciones extrañas. Ahora, hasta sus editorialistas más sesudos y ciertos editores y administradores hacen cuentas, sumas y restas, porque ya no tienen cierto monopolio, no solo en la lectoría sino en el mercado publicitario y en la difusión de contenidos en una u otra dirección.
No es raro que en esos editoriales, ‘tuits’ y supuestos reportajes apunten permanentemente a la tarea de los organismos públicos, entre ellos los medios, constituidos legalmente y con absoluta legitimidad tras la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación. Y lo hacen para minarlos en su médula central (el servicio sin afán de lucro) y en el peso histórico de su servicio a la sociedad y por más ciudadanía.
Por mucho tiempo escuchamos en ámbitos académicos y por izquierdistas crudos y puros sobre la democratización de la comunicación. Uno de ellos fue titular de la Asamblea Constituyente y ahora es el primero en negarse a hablar en los medios públicos y comunitarios. Solo acepta entrevistas en los privados y asiste a homenajes a aquellos medios y periodistas que a él lo cuestionaban ácidamente. Nadie critica su decisión. Lo de fondo es que construir una cultura de lo público pasa también por hacer cada día eso una realidad.
Algo parecido pasa con ciertos gremios de periodistas y algunos catedráticos y facultades: levantaron todas las banderas para conquistar la existencia, legal y política, de más medios y, sobre todo, de públicos y comunitarios. Y ahora, para más vergüenza, esos gremios y periodistas, algunos afiliados a partidos de izquierda, participan de la más compacta alianza con la derecha y con el aparato empresarial de la comunicación, en algunos casos con financiamientos dudosos y con conexiones con ciertos aparatos de inteligencia.
Por todo ello, la derecha y un sector de la izquierda, ciertos gremios y algunos organismos nacionales y extranjeros de dudoso origen se han propuesto crear en el imaginario nacional la idea de que el servicio público es un pésimo negocio. ¿No fue eso lo que dijeron todos los líderes neoliberales para la privatización del Estado? ¿No decían todo el tiempo que hay que reducir el peso estatal y que lo más eficiente y productivo estaba en lo privado y luego vimos cómo por ese motivo privatizaron hasta el agua? ¿Para ellos, en el fondo, no hay una competencia desleal e histórica con un proceso de ciudadanización y de efectiva legitimidad de derechos al valorar lo público para favorecer negocios privados o corporaciones gremialistas con absolutos afanes de lucro?
Ahora estamos en la fase donde se revelan los verdaderos transformadores de la realidad y quienes vivieron y usufructuaron de un capitalismo perverso. Parecería que los más radicales luchadores por el cambio histórico lo hacían solo para usufructuar de ese discurso, pero no para hacer realidad esos sueños. Son también los tiempos donde la realidad somatiza las enfermedades propias de ese infantilismo de izquierda del que ya habló en su momento Lenin. La metástasis ya empezó a esparcirse por esos cuerpos políticos y no tiene cura. Algunos, incluso, han declarado con absoluta desfachatez su amor por el dinero y, mientras lo obtengan de todos los modos posibles, seguirán en la agenda y en las cuentas de algunas entidades que financian desestabilización bajo el manto de la defensa de todas las ‘libertades’.
Hay que ser claros y categóricos: lo público no es un buen negocio, y jamás lo será, porque no está para ello ni es su alma ni espíritu. No busca hacer más plata porque su objetivo no es el beneficio económico. Sí, es cierto que debe haber más eficiencia y eficacia, pero aquello no será posible si esos grupos siguen torpedeando, minando y hasta boicoteando esos propósitos.