Dada la creciente ocupación del territorio oriental venezolano por parte de Gran Bretaña, Venezuela formuló protestas diplomáticas y finalmente rompió relaciones con ese país. En tal circunstancia se propuso la mediación del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, que propuso un arbitraje para solucionar el diferendo.
Este procedimiento produjo el Laudo Arbitral de París, del 3 de octubre de 1899, por el cual Venezuela perdió 159.500 km². Curiosamente, en el Tribunal de Arbitraje hubo representantes de Estados Unidos, Rusia y Gran Bretaña, pero no se admitió la intervención de ningún jurista venezolano.
Actuaron por EE.UU. Melville Weston Fuller y David Josiah Brewer, por Inglaterra Lord Russell of Killowen y Sir Richard Henn Collins, quienes nombraron quinto árbitro a Frederic de Martens, Consejero Privado y Miembro Permanente del Consejo de Relaciones Exteriores de Rusia, profesor de las universidades británicas de Cambridge y Edimburgo y amigo personal de la reina de Inglaterra.
Frederic de Martens era un hombre de mentalidad colonialista, que había escrito un libro titulado Rusia e Inglaterra en Asia Central (1878), en el que afirmaba que “Gran Bretaña y Rusia están destinados por la Providencia a ser las protectoras de los países bárbaros”. Y Venezuela era considerada por este personaje, y por los ingleses, como un país medio bárbaro, que ni siquiera tenía derecho a litigar directamente con Inglaterra, a no ser mediante representantes norteamericanos.
Pero hubo algo incluso peor. En 1899, De Martens puso a los árbitros norteamericanos por Venezuela ante un ultimátum: si no aprobaban por unanimidad ese nuevo despojo territorial de 159.500 km², él y los dos árbitros ingleses firmarían un laudo de mayoría, dando a Inglaterra un territorio aún mayor, que iría hasta la desembocadura del Orinoco. Esto hizo que los dos árbitros yanquis aceptaran la falsa ‘unanimidad’ para evitar un mal mayor a Venezuela, según lo denunció años después, en 1959, Mr. Mallet Prevost, que fuera abogado de los intereses venezolanos.
El laudo fue, pues, una farsa, pero Venezuela no estuvo en condiciones de protestar contra él, ya que esos mismos días era desgarrada por una de sus guerras civiles.
Y así llegó 1948, cuando el gobierno de Rómulo Gallegos reivindicó los derechos de su país sobre el Esequibo, durante la Conferencia Americana de Bogotá. Luego, en 1962, el canciller venezolano Marcos Falcón Briceño denunció por ‘nulo e írrito’ ese laudo arbitral, ante la Comisión Política Especial de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Esto dio lugar a negociaciones entre Venezuela e Inglaterra, que culminaron en 1966 con la firma del Acuerdo de Ginebra, que buscó resolver la controversia mediante la creación de una Comisión Mixta. Este acuerdo transitorio invalidó el Laudo Arbitral de París de 1899, pero mantuvo a favor de Guyana, independizada poco después, el statu quo preexistente.
En marzo de 2015, sin que se hubiesen agotado los ‘buenos oficios’ de la ONU para solucionar el problema, Guyana otorgó concesiones petroleras en el bloque Pomeroon a una empresa canadiense y en el bloque Starbroek a la Shell y la Exxon, en clara violación del derecho internacional. (O)
