19 de junio de 1991. Pablo Emilio Escobar Gaviria se entrega a las autoridades colombianas a cambio de que la Asamblea Constituyente prohíba la extradición de nacionales. A las pocas horas, la Asamblea cumple con lo pedido por Escobar.
Meses atrás, tanto él como otros bandidos, se habían embarcado en la tarea de cooptar esferas de poder para evitar que se produjese aquel acuerdo. Así, quienes se adherían “por las buenas” recibían una compensación por ello mientras que los que no, eran asesinados. Muestra de ello fue lo sucedido con Enrique Low Murtra, entonces ex ministro de Justicia, que se había manifestado a favor de la extradición de nacionales y que fue infamemente asesinado a tiros un 30 de abril de 1991. Esta era la vieja política del “plata o plomo”, tan popular en la década de los 80’s en Colombia.
En este contexto, el gobierno de César Gaviria, atemorizado por la situación prefirió “la paz al plomo”. De esta forma, cedió en su totalidad a las demandas de un bandido que tenía secuestrado a todo un país a través de la violencia y el miedo. Así, además del logro obtenido en la Constituyente, Escobar se anotó otra victoria al momento en el que el gobierno le dio carta blanca para que “cumpla” su condena en un centro de reclusión hecho a su medida y dirigido por él y sus secuaces.
Sin embargo, no se puede negociar con la delincuencia. Luego de un año de aparente calma, estalló un escándalo en las narices del gobierno: Escobar dirigía una cárcel de lujo, en la cual entraban sin ningún tipo de discreción drogas, armas e incluso personajes públicos. Sin embargo, el punto de inflexión llegó cuando se descubrió que dentro de la cárcel fueron asesinados por Escobar dos de sus socios: Gerardo Moncada y Fernando Galeano. Entonces, el gobierno de Gaviria, presionado por la opinión pública, decide el traslado de Escobar a una verdadera prisión de máxima seguridad. No obstante, Escobar ya era el dueño del país. Como si se tratase de su casa, al enterarse de la disposición, Escobar emprende un motín carcelario donde toma como rehenes a altos funcionarios del gobierno para posteriormente emprender una espectacular fuga.
En este punto, querido lector, ¿le suena conocida esta historia? Seamos sinceros, a día de hoy Ecuador nada tiene que reprochar a la Colombia de los 80’s y 90’s. Vivimos a merced de delincuentes que hacen y deshacen a su antojo, no solo en las cárceles de nuestro país sino también en sus calles. El Gobierno, apenas llegado y enfocado en la recuperación sanitaria y económica de un país golpeado por una pandemia y una crisis que se arrastra desde el 2015, se encuentra desprovisto de estrategia. Por otra parte, contamos con una Policía Nacional que, totalmente desarticulada luego del 30S y cooptada por corruptos servidores que ostentaron altos cargos de gobierno y dirigencia, poco o nada puede hacer para resolver el problema.
En este escenario, ¿considera usted que el Ecuador, hoy por hoy, tiene la posibilidad de lidiar con los líderes de las bandas criminales que controlan todo el delito desde las cárceles? ¿No consideraría oportuno que estos sujetos sean procesados en otros países por los delitos que involucran un ámbito transnacional? ¿No considera como necesario librarnos de esa falsa consideración de soberanía que implantaron aquellos que metieron las ratas en casa?
Muy probablemente cuando se hable de extradición de nacionales, vendrá a su mente el caso de Nelson Serrano, pero ojo, que una golondrina no hace verano y que, el caso de Serrano no deja de estar plagado de claroscuros desde lo jurídico y que merece una discusión que vaya más allá del sesgo patriótico. Que no le extrañe entonces que el caso Serrano haya sido la causa por la cual interesadamente se abandero el antiguo régimen para apartar de la discusión pública la extradición de nacionales.
¿Quiere usted soluciones? Acepte entonces que en un ámbito de criminalidad compleja es muy complicado que las mismas provengan únicamente de fuentes internas cuando sabemos que el delito se ha diversificado a niveles transnacionales. ¿Que la solución es el traslado de los delincuentes a otros centros de privación dentro del país? Si, siempre y cuando se cuente con el presupuesto necesario para ello. Pero siendo sinceros, no lo tenemos ni tampoco estamos dispuestos a tomar estrategias que representen relativización de derechos y garantías como traslados a bases militares.
Dice Jesús Silva que “resulta imposible perdonar a quien, conscientemente, no quiere ser perdonado. Y no quiere ser perdonado aquel que no se muestra dispuesto a reconocer su culpa, sino solo a negociar eventuales- y, esencialmente, inaceptables- contrapartidas para el cese de su actividad delictiva”.
Entonces, ¿Qué es lo que nos resta por hacer? Lo dejo a su opinión.
