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No hace falta o resulta ocioso emprender audaz investigación para precisar el rol del medio público y la anticuada prensa privada, erróneamente llamada ‘independiente’.
El medio público se instaura, como urgencia histórica, para clarificar con nitidez el proceso de la comunicación e intentar un equilibrio en la formación de la opinión ciudadana, frente al monopolio mediático de la prensa comercial, aliada permanente de la oligarquía, durante la era republicana, y que insiste en asegurar su próspero negocio.
Los medios privados en el ejercicio de su poder se han involucrado, con sus intermediarios, en el manejo de la administración pública de los gobiernos neoliberales, en contubernio con los sectores comerciales, bancarios y mafias políticas de la derecha, y hoy, cuando rigen medios públicos, utilizan cualquier estrategia o recursos para arreciar contra presuntos competidores y obstáculos que ponen en peligro el poder mediático.
La diferencia entre esos dos sectores de la comunicación es abismal; la nueva prensa de servicio público en el Ecuador, es auténtica y vertical, comprometida a difundir la verdad, a orientar con honestidad, apoyar el gran cambio social en tránsito y plantear soluciones en los problemas, que todavía afectan a los pobres abandonados por los regímenes del pasado; mientras en el otro sector, el periodismo como negocio, en alianza con la derecha, centra su agresión contra el régimen del Buen Vivir y su líder Rafael Correa, con la no oculta intención de apoyar a los opositores en la recuperación, por cualquier medio, del control del Estado.
El número de medios públicos y privados no es tema de discusión. Es fácil entender que los recientes medios tienen que enfrentarse contra los tradicionales, establecidos desde hace décadas con amplios espacios de difusión, adquiridos, fácilmente, por la carencia de competidores, y aún así rebuscan apoyo para su fortalecimiento. Los dueños de los medios de comunicación comerciales fundan la Asociación de Editores de Periódicos (Aeped), integrada por 22 medios, dependientes de 4 o 5 empresas, como coraza protectora, y utilizarla cuando el caso lo exige.
También crearon la Asociación Interamericana de Prensa (SIP) como tribuna, supuestamente para defender la libertad de expresión, cuando lo principal es proteger los intereses de los propietarios de los medios de comunicación ‘independientes’ y sus aliados, la oligarquía y derecha política. Contratan periodistas dóciles dispuestos a respetar las normas de la dirección del medio y decisión del editor para evitar el despido del cargo. Es ofensivo para el comunicador, que es obligado a mentir y a difundir hechos y principios contrarios a su modo de apreciar la realidad.
La prensa privada sigue siendo poder, pero atenuado; al disimulo alienta a la oposición, en su angustia por bloquear la reestructuración administrativa del Estado. Hoy la actividad periodística se sujeta a regulaciones contempladas en la Ley Orgánica de Comunicación. Los periodistas de los medios privados están obligados a desenvolverse dentro del marco de la ley y en lo esencial observar el respeto a la honra y reputación de las personas, y evitar la difusión de noticias manipuladas y comentarios discriminatorios.