Eduardo Cunha, que fue el diputado acusador del delito de corrupción a la señora Dilma Rousseff, acaba de ser detenido en Brasil, con la imputación de recibir sobornos y lavar dinero en Suiza.
Haciendo parangón con la célebre frase ‘Alguacil alguacilado’, este sujeto termina tras las rejas con acusaciones de corrupción pasiva, lavado de dinero y abuso de poder. Este legislador comandó el juicio político que terminó con la destitución de la expresidenta y permitió que Michel Temer ascendiera al poder en Brasil.
La prisión de este sujeto depredador fue oportuna porque no faltaron quienes entraron en sospecha de que pretendiera viajar a Europa, dado que tenía pasaporte italiano, por lo mismo, el juez supuso que algo malo iba a pasar si este individuo llegase a escapar y burlarse de la justicia que había decidido encarcelarlo.
Este proceso pone en evidencia y demuestra que en una serie de sonados episodios de similar naturaleza, los acusadores de un delito terminan siendo ellos también perseguidos con similares argumentos, como que hubiese un atraco equivalente y no tienen excusas que valgan o que los justifique ante la sociedad, que debería negarse a admitir que todo lo que se determinó en reciente pasado, como fue la decisión de disponer la prisión de la ilustre y abnegada mandataria, ahora le revierta a su persona, para que le paguen con la misma moneda.
El caso tiene esa connotación y puede servir de ejemplo para que en otras latitudes, en circunstancias semejantes, alguien que quiera sancionar a un alto funcionario debe meditar profundamente sobre lo ocurrido, antes de emitir un veredicto que lo obligue a retractarse y no volver a tener una conducta equivalente, so pena de él también ser acusado de un delito similar.
En nuestro continente hay muchos casos de personas perseguidas y sancionadas por delitos de corrupción y de lavado de dinero que ha ido a parar a los denominados paraísos fiscales, a través de los cuales se ocultan dineros mal habidos, que han sido obtenidos como producto de manejos inescrupulosos, sobre los cuales no tienen forma de explicar de dónde los han obtenido; por eso los ocultan de esa manera, para evadir el control de la sociedad, cuando se trata de enriquecimientos inexplicables.
En esos casos, que sirven de ejemplo, también los acusadores han terminado atrás de las rejas, cuando se ha descubierto que en los parlamentos y en los juzgados comunes han surgido personas que se toman la libertad de acusar a gobernantes, comprobadamente honestos, de haber cometido delitos de supuestos atracos de fondos públicos, y más tarde se establece la inocencia de las víctimas y, al mismo tiempo, el Estado se encuentra moralmente obligado a resarcir a la vindicta pública, y pagar, con la misma moneda, al culpable de ese error garrafal. (O)