El 19 de junio de 2012 Julian Assange se refugia en la Embajada de Ecuador en Londres. Miembros de Scotland Yard inmediatamente rodean las instalaciones de la sede diplomática, para arrestar al periodista en cuanto saliera un centímetro fuera de nuestro territorio.
El 15 de agosto de 2012, el canciller Ricardo Patiño denuncia que el Gobierno británico envió una comunicación a la embajadora ecuatoriana en Londres, en la que amenazaba con ingresar a la fuerza a la sede diplomática para arrestar a Assange. El gobierno de Cameron ‘olvidaba’ lo establecido en la Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares.
Organizaciones como la Alba, la Unasur, Parlamento Andino y OEA dieron su respaldo a Ecuador y rechazaron la grosera amenaza británica.
El 16 de agosto de 2012, no obstante las presiones imperiales, el Gobierno ecuatoriano, presidido por Rafael Correa Delgado, en forma altiva y soberana, concedió el asilo político al ciudadano australiano.
Son ya dos años de la existencia de un refugiado político en Europa. Las autoridades judiciales suecas no han querido tomar declaraciones a Assange en la embajada ecuatoriana. Lo que quieren es sacar al periodista de la sede diplomática; en esas circunstancias, lo arrestarían, lo trasladarían a Suecia y de allí a Estados Unidos, donde lo juzgarían por ‘terrorismo’. Lo demás es fácil deducirlo: el ‘proceso’ se llevaría a cabo en un Estado cuyas leyes contemplen la pena de muerte.
La actitud del Gobierno inglés con relación al periodista australiano contrasta con el tratamiento que dio al genocida Pinochet. En efecto, el 22 de septiembre de 1998 el dictador viajó a Londres para someterse a chequeos médicos. Una orden de detención internacional emitida por el juez español Baltasar Garzón provocó el arresto domiciliario del dictador el 16 de octubre de 1998. Los cargos incluían 94 casos de tortura contra ciudadanos españoles, el asesinato del diplomático Carmelo Soria, entre otros.
España solicitó la extradición, iniciándose una larga batalla legal en los juzgados y en la Cámara de los Lores. El 8 de octubre de 1999 el juez inglés Ronald Bartle sentenció, en primera instancia, a favor de la concesión de la extradición de Pinochet. Quedaba muy claro el hecho de que torturar es un crimen internacional sujeto a jurisdicción universal.
La señora Thatcher, ex Primera Ministra de la ‘corona’, visitó al imputado Pinochet e inició una serie de gestiones políticas a su favor. El 2 de marzo de 2000, el ministro del Interior, Jack Straw, decidió que el acusado no debía ser extraditado. Numerosas organizaciones de derechos humanos presentaron recursos legales contra la decisión de Straw; todos fueron rechazados por el Alto Tribunal de Justicia de Londres.
Luego de permanecer 503 días bajo arresto, Pinochet regresó a Chile el 3 de marzo de 2000. El avión aterrizó en Santiago. En la pista, el imputado dejó a un lado -con sorprendente agilidad- la silla de ruedas con la que había salido de Londres.
Al valiente periodista Assange -que proporcionó herramientas contundentes para que la ciudadanía planetaria ejerciera escrutinio público sobre lo que hace el poder imperial- lo persiguen; en tanto que al genocida lo protegieron. ¿En dónde están los que se proclaman paladines de la democracia, la libertad, la transparencia, la defensa de los derechos humanos? En realidad, en este caso, están situados en la orilla opuesta.